DE GAMAS Y LA CAUSA AMIA. El premio al encubrimiento es una jubilación de privilegio (Por Guillermo Worman)
Resulta indignante y alarmante ver cómo, una vez más, se pone de manifiesto la impunidad y la complicidad en el Poder Judicial fueguino para con Javier De Gamas Soler.
La noticia de que el Juez de instrucción, Javier de Gamas Soler, imputado por delitos tan graves como el encubrimiento en la Causa AMIA, ha solicitado el inicio del trámite jubilatorio, es un ejemplo más de cómo algunos funcionarios se benefician con privilegios inadmisibles, incluso cuando están bajo la sombra de graves acusaciones. De Gamas Soler, para que se entienda, presentó su renuncia condicionada al otorgamiento del beneficio jubilatorio que le permitirá retirarse con todos los laureles de la Justicia fueguina. Es la paradoja de cometer gravísimos delitos y terminar premiado por las atrocidades judiciales que cometió como secretario del ex Juez Juan José Galeano.
El pedido de jubilación de De Gamas Soler es una bofetada a la memoria de las 85 personas que perdieron la vida y las 300 heridas en el atentado a la AMIA hace 30 años.
En lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos y afrontar un juicio de enjuiciamiento justo y transparente en el Consejo de la Magistratura, el juez busca ampararse en un beneficio jubilatorio que, según ya se ha informado, está amparado por la ley para funcionar como un verdadero traje de protección a medida del magistrado judicial.
Es incomprensible cómo un individuo imputado por delitos tan graves, entre ellos “incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”, puede solicitar un retiro dorado y alejarse de las responsabilidades que implica su función pública. Esto no solo envía un mensaje equivocado a la sociedad, sino que también erosiona aún más la confianza en el sistema judicial fueguino y en aquellos que deben velar por la justicia y la verdad.
Más allá del caso específico de De Gamas Soler, la Causa AMIA ha sido escenario de una serie de irregularidades y encubrimientos a lo largo de los años que han sido admitidos por el Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por esto mismo, es fundamental que se tomen medidas drásticas para erradicar la impunidad en el sistema judicial de Tierra del Fuego. La sociedad exige transparencia, responsabilidad y un verdadero compromiso con la justicia.
Por lo tanto, no puede haber espacio para la protección de aquellos que, desde sus cargos, han fallado en su deber de velar por el cumplimiento de la ley y la seguridad de la población.
Es imperativo, entonces, que los integrantes del Consejo de la Magistratura revisen la tramitación que le han otorgado al pedido de destitución que pesa contra De Gamas Soler, que permite a funcionarios imputados acceder a jubilaciones de privilegio y que se implementen mecanismos efectivos para evitar que situaciones como esta se repitan. Tampoco debiera aceptársele la renuncia a De Gamas Soler desde el Superior Tribunal de Justicia para garantizarle su retiro victorioso de Tierra del Fuego.
Demás está pedir que la Justicia debe ser igual para todos.
