El socio de los Löffler sellará la impunidad del “Sahade Gate”

El abogado José Rodas Fernández, socio del estudio jurídico Loffler en la ciudad de Río Grande, será el encargado de cerrar definitivamente en el Consejo de la Magistratura el caso del ¨Sahade Gate¨, acusado de “cohecho” por el supuesto cobro de dinero para dictar fallos, y por pasarle modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado, según se desprende de intercambios telefónicos entre ambos.

La impunidad del llamado “Sahade Gate” había comenzado en la justicia penal, cuando el 4 de junio de este año, el juez Daniel Cesari Hernández desestimó el caso sin profundizar en la investigación, a pesar de las múltiples pruebas existentes y del requerimiento formulado por el ex fiscal Guillermo Quadrini.

En el ámbito del Consejo de la Magistratura, el trámite tuvo sus propios laberintos. El abogado Rodas Fernández, actuando como fiscal acusador, dictaminó que correspondía esperar la decisión de la justicia penal, antes de avanzar en un eventual jury de enjuiciamiento contra Sahade. Esa medida fue avalada por el resto del cuerpo, con excepción del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien con buen criterio planteó que se trata de procedimientos independientes uno del otro.

Ahora, el Consejo fue notificado de que la resolución sobre Sahade quedó firme, y en la sesión del pasado viernes 3 de septiembre resolvió volver a girarle las actuaciones a Rodas, para que defina una postura.

No constituye ningún misterio que Rodas dictaminará por archivar las actuaciones y de esta forma el escándalo quedará impune, tanto en la justicia penal como en el organismo que debe juzgar el desempeño de los jueces.

Todo ello será avalado por la jueza del Superior Tribunal de Justicia María del Carmen Battaini, el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, los legisladores Pablo Villegas y Ricardo Furlan, y la abogada María Gabriela San Martín.

Un caso impune

El juez Daniel Cesari Hernández, a cargo del caso, resolvió el 4 de junio rechazar el “requerimiento de instrucción” efectuado por el ex fiscal Guillermo Quadrini, al considerar que la conducta de Sahade resulta “atípica” y en todo caso podría constituir una “falta ética” pero no un delito.
Lo llamativo es que Cesari Hernández llegó a esa conclusión definitiva después de un análisis preliminar de la situación, es decir, sin ni siquiera haber indagado a los imputados y sin haber permitido el despliegue de una investigación más profunda.

Maldito celular

Las sospechas sobre el accionar del juez Sahade surgieron a partir de una causa donde se investiga a la abogada María Angélica Naveas Lagos por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un accidente de tránsito.
En esa causa intervino el juez Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de la abogada imputada y el secuestro de su teléfono celular.
Cesari Hernández ordenó una pericia sobre ese teléfono secuestrado, y de allí surgió que Naveas Lagos no solo mantenía contacto con su cliente, sino que además intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade.

Pese a ello, ni la fiscalía ni el juez Cesari Hernández dispusieron ninguna medida relacionada con lo que surgía del contenido de la pericia, hasta que el caso llegó a la Cámara de Apelaciones y este organismo hizo notar que el fiscal estaba en condiciones de pedir una investigación sobre esos hechos. La Cámara también comunicó lo ocurrido al Superior Tribunal de Justicia, que a su vez giró las actuaciones al Consejo de la Magistratura donde se abrió un expediente contra Sahade.

Bombachita fácil

La pericia que compromete a Sahade se realizó sobre el teléfono de la abogada Naveas Lagos, un “Samsung gris modelo A 6058”.
Cuando los peritos judiciales analizaron el celular, aparecieron los intercambios entre la abogada y otra línea telefónica que según informó la empresa Claro, figura a nombre de “Jorge Eduardo Sahade, DNI 12.984.157, con domicilio en la calle Viedma 663”.
Entre los mensajes entre el abogado y Sahade, desde agosto de 2017 hasta fines de 2019, figuran las siguientes:

-Abogada: amigo, me tenés abandonada. No sé si es por mi deuda o qué. Tengo paradas todas las causas penales en tu juzgado. Ninguna salió. Nada. Me quiero matar. Mis clientes me colgaron. Todos. Hasta no ver algo. Auxilio. Sino no te voy a poder pagar. Te voy a tener que pagar en género. Porfi, amigo. No abandones a tu amiga. Necesito la de (menciona un apellido). Necesito la de (menciona otro apellido). Auxilio (11/3/2019 a las 9.16)
-Sahade: Están todas para resolver. Ahora las veo. Nunca te soltaría. Menos por plata. (11/3/2019 a las 9.17)
-Abogada: Ya no me recibís. No me invitas un café. Me tenés completamente abandonada. Pero si recibís a algunas de las chicas de pollera y bomba chita fácil (11/3/2019 a las 9.18)

-Abogada: Buen día, amigo (19/11/2019 a las 8.57)
-Sahade: Holaaaa (19/11/2019 a las 8.59)
-Abogada: Necesito esta causa. El tipo se quiere ir del país y quiere estar tranqui. Porfi amigo. (19/11/2019 a las 9.00)
-Sahade: Ahora la veo (19/11/2019 a las 9.01)
-Sahade: Ahí te conseguí un modelo (19/11/2019 a las 9.32)
-Sahade: Soy un genio. Jajaja (19/11/2019 a las 9.34)
-Abogada: Si?? Sos el más?? Bueno a esperar que conteste la fiscal. Y lo meto (19/11/2019 a las 9.40)
-Sahade: Metelo independientemente de la fiscal. Modificalo con tus palabras (19/11/2019 a las 9.44)
-Abogada: Claro que sí. Por supuesto. Quedate tranqui (19/11/2019 a las 9.45.)
-Sahade: Eso lo presentás en Ejecución. Y después me presentás en mi causa copia de la presentación, con el recibido, haciéndome saber la petición de probation (19/11/2019 a las 9.46)
-Abogada: Siii (19/11/2019 a las 9.47)

Tu ética no es mi ética

El juez Cesari Hernández allanó el juzgado de Sahade, secuestró su computadora, tomó testimonio a los empleados y funcionarios de la repartición judicial y dispuso pericias sobre las cuentas bancarias del magistrado y de la abogada Naveas Lagos.
Después de varios meses dictó una resolución en la que desestima el requerimiento del Ministerio Público porque “la prueba hasta aquí desarrollada me lleva a la convicción de la inexistencia de carácter típico en los comportamientos puestos bajo la lupa de la investigación, y que nutriera la hipótesis fiscal”, sostiene la medida judicial a la que accedió NoticiaDeTapa.

En ese fallo hay una serie de consideraciones que podrían recibir la calificación de alarmantes.

En primer término, Cesari Hernández hace hincapié en que no pudieron verificarse depósitos de dinero o transferencias bancarias entre Sahade y Naveas Lagos, como si alguien pudiera ser tan obvio como para pagar o recibir coimas a través del sistema financiero oficial.
Además, el juez investigador menciona el testimonio repetido de empleados y funcionarios del juzgado, acerca de que ninguno pudo ver o tomó conocimiento de actitudes sospechosas de Sahade y la abogada, como si un intercambio de esta naturaleza se realizara a la vista de todos, o en el pasillo de un juzgado.

En cambio, Cesari Hernández no tomó como un indicio el hecho de que todos los empleados admitieron que Sahade recibía regularmente a Naveas Lagos en su despacho.

Por el contrario, Cesari Hernández sostuvo que los mensajes entre Sahade y la abogada debían ser entendidos en el marco de “una relación histórica de amistad, compañerismo o conocimiento” que ambos mantenían por haber sido compañeros de la carrera de Derecho en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Río Grande.

“Si efectivamente la letrada solicitó al magistrado un modelo de algún escrito, o si este se lo ofreció, tal conducta necesariamente debe ser valorada en el marco de aquella realidad que los vinculaba”, escribió el juez que investigó a su colega.

En ese sentido, mencionó que lo ocurrido debe ser considerado “en un plano ajeno al derecho penal, que es el de la ética”.
En otro apartado insólito de la resolución, Cesari Hernández sostuvo que “cuestiones de delicadeza me relevan de la necesidad de reeditar algunas frases incorporadas (por la pericia) y que no pueden mas que valorarse como una comunicación enmarcada en aquel grado de confianza desde lo social (…) y que “se encuentran amparadas en el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional”.

En otras palabras, el intercambio entre Sahade y la abogada forma parte de “comunicaciones privadas”, porque fueron hechos desde el celular particular del juez y no desde el que usa en el juzgado, y en “el marco de su privacidad”.

En definitiva, según Cesari Hernández, no existen ni siquiera indicios para seguir investigando que su colega cometió “cohecho”, mientras que el intercambio telefónico con la abogada es propio de dos compañeros de estudio y a lo sumo una falta ética, pero nunca un delito.