SEGURO DE SEPELIO OBLIGATORIO. Cuando la ley va contra los intereses de la sociedad (Por Guillermo Worman)
El seguro de sepelio obligatorio en Tierra del Fuego ha generado una fuerte polémica y su posible aplicación generará reacciones sociales impensadas contra quienes se beneficiarán a costo de la cuestionada normativa. Podrían superponerse servicios que gran parte de la población ya tienen cubiertos y pagarse irracionalmente un cargo indebido.
Recordemos que la legislatura aprobó una ley que establece que toda la población debe pagar un cargo mensual a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, en forma compulsiva y sin posibilidad de optar por otra empresa prestadora de servicios funerarios. Aparte, muchos sindicatos y obras sociales ya cubren los servicios que pretenden contratarse obligatoriamente, y un sector importante de la población cuenta con planes propios ya contratados.
A las claras, es una muestra más de las decisiones arbitrarias y contrarias a los intereses de la sociedad que han tomado un número importante de miembros de la dirigencia política provincial.
El gobierno tiene la posibilidad ahora de no reglamentar la escandalosa legislación e impedir que se vuelva operativo el cobro compulsivo que tendría que pagar toda la población.
Este tipo de medidas que obligan a pagar por un servicio específico a una sola empresa elegida sin ningún proceso de licitación pública, sin permitir la libre elección, va en contra de los principios de transparencia y concurrencia en las contrataciones del Estado.
Además, se ha establecido un valor que no guarda ninguna proporción entre la cantidad de personas fallecidas anualmente y la recaudación exorbitante que se genera con el pago obligatorio, que no tendrá ningún tipo de control público ni necesidad de rendir cuentas de los excedentes que se generen.
Se trata de una situación que podría generar un monopolio impensable en el mercado de servicios funerarios, lo que puede resultar un peligroso antecedente para que se aprueben medidas similares en otras contrataciones en contra de la población de Tierra del Fuego.
Con el criterio que se adoptó para sancionar esta norma contraria a cualquier principio de razonabilidad, luego podría avanzarse con un dudoso manto de legalidad en todo tipo de contrataciones direccionadas y en favor de empresas elegidas con la mayor arbitrariedad.
Tengamos presente que la ley estableció que la totalidad de los recursos que se recauden serán destinados a una sola empresa privada, sin permitir la libre elección y favoreciendo a una entidad en particular.
Aunque el Superior Tribunal de Justicia no analizó la cuestión de fondo planteaba en la acción que buscaba establecer la inconstitucionalidad de la polémica ley, esta decisión aprobada por la Legislatura fueguina va en contra de los principios básicos de la transparencia en los procesos de contratación estatal y abiertamente opuestos al Estado de derecho, ya que vulnera el derecho a la libre elección y al acceso a servicios de calidad.
La sanción de esta ley solo ha demostrado la falta de compromiso con el bienestar de la sociedad y una clara intención de beneficiar a ciertos grupos privados en detrimento de los intereses comunitarios. La normativa, reiterando que aún no ha sido reglamentada, representa una contratación millonaria que será financiada con el dinero de toda la ciudadanía, sin que la sociedad tenga la posibilidad de elegir la empresa que mejor se adapte a sus necesidades.
Por esto mismo, es primordial que la sociedad reaccione y se organice para exigir la derogación de esta ley y la implementación de medidas que garanticen la libre competencia y la transparencia en la contratación de servicios.
En definitiva, el seguro de sepelio obligatorio en Tierra del Fuego es un ejemplo más de las decisiones contrarias a los intereses de la sociedad que han tomado algunos miembros de la dirigencia política.
Siempre hay que recordar que es responsabilidad de toda la ciudadanía pugnar por la transparencia de los procesos públicos, al igual que velar por la competencia en las contrataciones públicas y por el respeto a los derechos fundamentales de la población.
