El Fiscal de Estado fueguino hizo lugar a una denuncia de la ¨Red Ruido¨ e intimó al Gobierno provincial a brindar información sobre obra pública
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego hizo lugar a una denuncia efectuada por la red de periodistas “Ruido, contra el silencio oficial” y dictaminó que el gobierno de la provincia deberá proveer copia de los expedientes de diferentes obras públicas que hasta el momento vienen siendo negados con diferentes excusas.
Ruido efectuó la primera solicitud de información el 9 de noviembre del año pasado, en el marco de la ley provincial 653 de acceso a la información pública y como parte del relevamiento que la organización de periodistas independientes llevó adelante sobre la contratación de obras públicas en todo el país.
Recién el 10 de enero de este año, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Gabriela Castillo, contestó que parte de las contrataciones requeridas “se hallaban tanto bajo tramitaciones internas como en el órgano de control externo”, razón por la que “no se encontraban disponibles para avanzar con la digitalización”.
Después, la ministra Castillo solicitó un plazo adicional para cumplir con la solicitud, hasta que finalmente “cambió inadmisiblemente su postura y basada en razones de conveniencia” afirmó que el área “no estaba obligada a digitalizar las copias”, resume el dictamen 7/22 firmado por el fiscal de Estado adjunto Maximiliano Tavarone.
A todo ello, había pasado ya un mes y medio desde la solicitud de Castillo de un plazo adicional, y cuatro meses desde el pedido de información original.
Por todo ello, el fiscal consideró que la provincia no cumplió adecuadamente con el trámite de acceso a la información establecido por la ley y por un decreto reglamentario.
El funcionario afirmó que es criterio de ese organismo “garantizar al público la real y efectiva posibilidad de acceder a la información”, así como “garantizar los principios de publicidad y transparencia de la gestión de gobierno y la participación de la ciudadanía”.
Además, no consideró que la pandemia de coronavirus pueda ser utilizada como un argumento para no cumplir con este tipo de demandas.
“Frente a la incertidumbre que trae esta pandemia, las instituciones deben estar a la altura de las circunstancias y adecuarse para poder seguir brindando servicios, respetando las garantías constitucionales (…) Superadas las dificultades inmediatas fruto de la pandemia de Covid 19, el régimen de acceso a la información publica debe ser cuidadosamente preservado”, aseguró.
En ese sentido, el fiscal de Estado fueguino consideró “impropia la actitud asumida por la cartera ministerial”, que evitó brindar datos oficiales sobre obras como la refacción del Hospital Regional Ushuaia, la construcción del hospital modular y la ampliación del muelle comercial del Puerto de Ushuaia.
A su vez Tavarone cuestionó que en lugar de ofrecerle al representante de Ruido la opción de enviarle los documentos por correo electrónico, se lo haya citado para que asistiera muñido de “un dispositivo de almacenamiento”, o que se argumentara que gran parte de los expedientes se encontraran solo en formato papel.
“Resulta incompatible con los estándares exigidos actualmente que la administración no pueda estar en condiciones de entregar copia digital de un expediente de gran trascendencia pública para la ciudadanía”, señaló el fiscal, y rechazó incluso el intento del gobierno por cobrarle al solicitante de la información el costo de cientos de fotocopias que supuestamente deberían sacarse para cumplir con el pedido.
Como conclusión, el titular de la Fiscalía de Estado intimó al gobierno provincial a “dar cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas de la ley 653 de acceso a la información pública” y consideró que las autoridades “deberán abstenerse de realizar interpretaciones de su texto que terminen por entorpecer, aplazar o cercenar el derecho a la información”.
Además, el organismo de control decidió notificar sobre lo ocurrido al propio gobernador Gustavo Melella para que instruya sobre esta situación a sus funcionarios, teniendo en cuenta que la denuncia no solo involucró a Castillo sino también a otras autoridades de alto rango, como el presidente de la Dirección de Puertos, Roberto Murcia, y el jefe de gabinete Agustín Tita.
Según Tavarone, la gravedad de lo acontecido también se inscribe en la posibilidad de que si el solicitante de la información optara por la vía judicial, ello podría derivar en sentencias condenatorias contra el Estado y en perjuicio fiscal por las costas del proceso.
