IPV ACLARA. Cómo llegó el gerente de Leolabs a obtener una vivienda para ex combatientes

La titular del IPV explicó que un convenio habitacional firmado en 2015 con la cooperativa Submarino ARA Santa Fe Lda., integrada por ex combatientes, permitió la inclusión de Daniel Mancini en reemplazo de un adjudicatario renunciante.

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La arquitecta Laura Montes, presidenta del Instituto Provincial de Vivienda de Tierra del Fuego, brindó detalles por FM Master’s sobre el controvertido caso del acceso a una vivienda de demanda social por parte de Daniel Mancini, gerente de la empresa de capitales británicos Leolabs, en el ojo de la tormenta por instalar un radar en Tolhuin.

Montes informó que un convenio establecido en 2015 con la cooperativa Submarino ARA Santa Fe Lda., integrada por ex combatientes de Malvinas, derivó en la inclusión de Mancini, cuya participación ha generado polémica, en reemplazo de un adjudicatario que habría renunciado a la vivienda.

La funcionaria explicó la dinámica de estos acuerdos: “Esto forma parte de un convenio de 2015. Es una operatoria como las que el IPV lleva a cabo con gremios, o con este tipo de cooperativas. La cooperativa hace un convenio con el municipio, el municipio entrega tierras, y el IPV hace la ejecución de las viviendas. Particularmente, este convenio tiene 8 años. Está efectuado con la cooperativa de vivienda ARA General Belgrano (Santa Fe), firmada en la gestión anterior”.

laura montes
Laura Montes, presidenta del Instituto Provincial de Vivienda.

El proceso de inclusión de Daniel Mancini en este convenio habitacional comenzó el año pasado, según Montes: “Aún falta que el municipio le otorgue la tierra, por lo cual está con un convenio de ocupación con canon de uso no amortizable, es como un alquiler que no genera ningún compromiso de adjudicación de vivienda aún, hasta que se cumplimenten todos los datos”.

La presidenta del IPV enfatizó que este tipo de acuerdos no es inusual: “Es una práctica común para el IPV, que la hace con gremios, con cooperativas y no tiene que ver con la demanda general. Son operatorias que ya salen con construcción de vivienda para una demanda específica y ese listado lo propone el titular del convenio, que en este caso es esta cooperativa”.

Montes también subrayó que el cambio de titularidad se llevó a cabo dentro de los parámetros establecidos: “El cambio de titularidad para esta persona empezó el año pasado. Hoy porque está en los medios, pero el IPV no vincula a esta persona ni con una empresa, ni con el radar, ni con LeoLabs. Es una persona que cumple con nuestra reglamentación, que tiene su recibo de sueldo, que no tiene ninguna otra propiedad, ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Es una situación que para nosotros es formal. Tenemos el expediente que así lo avala, porque en principio había salido como que era una potestad mía de hacer esto por mi cuenta y no es así”.

También destacó que estos convenios específicos son una práctica común en el Instituto que preside: “Es una decisión política hacer un convenio para una demanda específica. El convenio, ya de antemano, dice que el IPV va a construir viviendas para el listado específico, o para los asociados, en esta situación específica, de la cooperativa. Por ejemplo, ahora el IPV está construyendo viviendas y al momento de la entrega no es que decidimos entregar específicamente a tal sector, sino que las viviendas que construye el IPV, por su propia gestión y en sus propias tierras, es para la demanda general”.

En conclusión, Laura Montes enfatizó que este tipo de convenios son parte de la política habitacional del IPV y que la inclusión de Daniel Mancini se realizó siguiendo los procedimientos establecidos, sin vínculos con su actividad en LeoLabs o el radar instalado en Tolhuin. El convenio continúa su curso, pendiente de la asignación de tierras por parte del municipio de Ushuaia.