Pidieron 3 años de prisión para el suboficial de la Armada acusado de abusar de una marinera
-Agencia TELAM-
El fiscal mayor de la ciudad de Ushuaia, Eduardo Urquiza, solicitó hoy la aplicación de una pena de tres años de prisión para el suboficial de la Armada Argentina acusado de abusar sexualmente de una marinera dentro de las instalaciones de la Base Naval de la capital de Tierra del Fuego, confirmó el propio funcionario judicial en rueda de prensa.
Urquiza efectuó esa solicitud durante la etapa de alegatos del juicio oral que se desarrolla desde la semana pasada y que concluirá mañana cuando se de a conocer el veredicto.
El fiscal encuadró los hechos ocurridos en el año 2013 en las figuras delictivas de “abuso sexual simple en concurso ideal con amenazas coactivas”, en perjuicio de “Lucía”, como se identifica la víctima ante los medios de comunicación para preservar su intimidad.
La mujer de 32 años asegura que cuando tenía 25 y ostentaba el grado de marinera dentro de la Armada, fue abusada por el suboficial principal (ahora retirado) Reinaldo Cardozo, de 56 años.
Lucía sostuvo ante la justicia que los abusos consistieron en diferentes tocamientos e insinuaciones sexuales, pero que en una oportunidad el militar la encerró dentro de un depósito y la violó.
Según el titular del Ministerio Público, una de las pericias realizada por peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en duda la parte de la denuncia referida al “acceso carnal” y por ello la acusación fiscal terminó centrándose solamente en el abuso sexual simple.
“El debate estuvo centrado desde un principio en la credibilidad que se le otorgue al testimonio de la víctima. Y una parte de la pericia no afianzaba correctamente la parte de la denuncia referida a la violación. Por eso optamos por replegar la acusación y focalizarla en el abuso simple que estaba más consolidado”, explicó Urquiza.
Además, la Fiscalía decidió no dar por configurado el agravante consistente en que el imputado pertenece a una fuerza de seguridad, lo que habría permitido una solicitud de pena mayor (entre 3 y 10 años de cárcel).
Al respecto, el fiscal dijo que “la ley penal es muy rigurosa en materia de tipicidad” y que para configurarse ese agravante debe darse la circunstancia de que el imputado actúe en el ejercicio de su función.
“Al principio pensamos que podía ser así, pero después creímos que solo existió una relación laboral o jerárquica, suficiente para agravar el pedido de condena pero no para aplicar el agravamiento derivado de ser un funcionario público”, argumentó Urquiza.
En cambio, la abogada Sofía Barbisán, representante de la víctima en calidad de parte querellante, opinó que el agravamiento funcional estaba configurado y que, según su criterio, debería haberse solicitado una pena mayor.
Barbisán formó parte del juicio pero no se le permitió alegar debido a un incumplimiento procesal en la etapa previa a la elevación de las actuaciones para su juzgamiento.
“Estoy conforme pero pretendíamos una pena mayor. Pedimos que el tribunal evalúa lo sucedido con perspectiva de género”, indicó la abogada en dialogo con Télam.
Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla también escucharon hoy el alegato de la defensa del militar, quien solicitó su absolución por falta de pruebas.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia reabrirá las audiencias mañana para escuchar las últimas palabras del acusado antes de darse a conocer el veredicto.
Especialistas consultados por Télam sostienen que el caso puede sentar un precedente histórico porque “ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses”.
Para ello resta saber el desenlace de un juicio que además sufrió varias dilaciones: se iba a realizar en 2020, fue suspendido por la pandemia, reprogramado para 2024 y luego adelantado para 2021.
