VIOLENCIA DE GÉNERO: Una Ley habría dado contención inmediata a Carla, pero el Estado aún no la implementa

Una Ley provincial presentada por la legisladora Victoria Vuoto, dispone la creación de un cuerpo de abogados especializado en violencia de género, bajo la órbita del Ejecutivo, que brinde asistencia inmediata a las víctimas. La norma fue sancionada por unanimidad, pero el Estado provincial nunca la puso en práctica.

Una preocupante alternativa quedó al desnudo por el resonante caso de Carla, la mujer víctima de violencia de género por parte de su pareja, el funcionario de la Justicia Marcelo Guzmán, sobre la que alertó en FM Masters la legisladora provincial Victoria Vuoto.

Como es sabido, la propia víctima fue quien presentó la denuncia y luego compartió en redes su impresionante testimonio, como las alternativas que encontró, primero para salir de la situación de violencia gravísima que estaba viviendo, y segundo para, al hacerlo público, protegerse y promover la efectiva búsqueda de Justicia, teniendo en cuenta que el denunciado ocupa un altísimo cargo en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Hoy a Carla la asiste profesionalmente la Dra. Karina Echazú, y en algunas instancias se suma la Dra. Fabiana Ríos. Pero la propia agredida reconoció que al menos tres abogados rechazaron representarla legalmente, posiblemente por no animarse a enfrentar a alguien con tanto poder como es el abogado relator del Poder Judicial, Guzmán.

A raíz de esta increíble situación, la legisladora Vuoto recordó que existe una Ley ya sancionada en la provincia, de su autoría, que dispone la creación de un cuerpo de abogados especializado para mujeres víctimas de violencia de genero por fuera del ámbito del Poder Judicial, bajo la órbita del Ejecutivo.

Pero esa Ley no está en práctica porque el gobierno de la provincia no la promulgó ni la implementó aún. Si la norma estuviera en plena vigencia, el tratamiento del caso hubiera sido completamente distinto y Carla hubiera tenido un inmediato ámbito de contención que le habría evitado semejante angustia y exposición pública.

La legisladora explicó la importancia de tener este cuerpo de abogadas “de manera estable, permanente, especializado, que va a representar a las víctimas independientemente de quiénes sean los acusados. Y que va a garantizar todo el asesoramiento y la protección o acompañamiento que Carla no tuvo desde el minuto uno”.

Consideró “muy importante que la Ley se pueda implementar y se pueda garantizar el patrocinio jurídico y la representación legal gratuita durante todo el transitar legal de la causa”.

Concretamente Vuoto consideró que el Estado no solamente no está cumpliendo con su obligación, sino también está pasando por alto convenios y tratados internacionales en Derechos Humanos, que buscan disminuir las situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres.

“Podría el Estado tener responsabilidad frente al incumplimiento de una obligación internacional. En este caso hay una ley provincial, pero si no hubiese sido sancionada, también podría configurarse un incumplimiento por ausencia de normativa. En este caso sería incumplimiento, no por omisión sino por un hacer deliberado de no cumplir. Podría evaluarse la responsabilidad de Estado por dos caminos distintos”, opinó la parlamentaria.

Además de tratarse de una obligación del Estado, Victoria Vuoto remarcó además la deuda histórica que en este plano existe en la provincia: “Hoy las mujeres tienen ámbitos que las asesoran, que las orientan, que las acompañan. Pero ningún ámbito, de todos esos, les garantiza el acompañamiento y la representación legal gratuita. Entonces, las mujeres terminan convirtiéndose en sus propias abogadas, al transitar la denuncia” y en eso argumentó la importancia de implementar la ley de manera inmediata.

Por la misma circunstancia, recalcó que hoy Carla está acompañada por dos profesionales que la representan en el ámbito de familia y penal, “pero es gracias al compromiso, a la solidaridad y a la empatía de esas dos profesionales del derecho y no porque el estado provincial esté cumpliendo con su obligación, porque está la Ley sancionada, se aprobó por unanimidad”. Y volvió a lamentar que aún no haya sido implementada.

Además, reveló la insólita situación de que el Ejecutivo de la provincia opinó de manera previa a la sanción, algunas autoridades en su momento hicieron observaciones que se incorporaron precisamente para que no se vetara y efectivamente se implemente: “El Ejecutivo opinó favorablemente. No hubo, en aquel momento, ninguna objeción a la sanción, ni tampoco fue vetada. No hay fundamentos por los cuales hoy no se esté aplicando. No está justificado el incumplimiento” denunció.

La norma prevé que el Estado no solamente contrate abogados y abogadas especializadas, sino además le da la posibilidad de firmar convenios con los Colegios de Abogados y con profesionales de manera individual pagando un porcentaje de los honorarios. “La ley tiene la flexibilidad suficiente para que el Estado pueda adaptarse a la realidad y crear estos mecanismos. No tenemos mucho justificativo que nos explique por qué no se está implementando” insistió.

Si la Ley estuviera vigente, “Carla se tendría que haber presentado ante el cuerpo de abogadas. Las abogadas la hubieran acompañado a efectuar la denuncia, hubieran pedido de manera inmediata, en el ámbito laboral, que esa persona sea removida de su cargo” ejemplificó claramente la legisladora, también abogada, con el caso que conmociona a la provincia. “Acá lo que importa es si efectivamente el Superior Tribunal de Justicia decidió apartar de su cargo a este relator. Por lo que denuncian, lo hicieron de manera tardía, una vez que la denuncia toma estado público. Justamente, tener el cuerpo especializado lo que hace es evitar que las mujeres tengan que llegar a esta instancia pública, porque tienen las herramientas para solicitarlo de manera inmediata al hacer la denuncia”.