MALVINAS. Esperan definición sobre si las torturas constituyen delitos de lesa humanidad
Autoridades revelan detalles sobre la investigación en curso sobre presuntas torturas en Malvinas durante la Guerra. Destaca la posible calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad, decisión que debe tomar la Corte Suprema.
Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, expuso conferencia de prensa sobre la investigación en curso de torturas que varios oficiales de las fuerzas armadas argentinas habrían cometido sobre sus propios soldados en Malvinas, en 1982. La causa, iniciada en 2007 tras el impacto de la película “Iluminados por el Fuego”, aguarda una resolución de la Corte desde diciembre de 2021.
En un diálogo con Aire Libre FM, Vicente delineó la evolución de la investigación, vinculada a presuntas torturas en Malvinas durante la guerra, subrayando la relevancia de un posible carácter de lesa humanidad. Según Vicente, “vamos por la vía de la información obtenida en 2015, donde hay nuevos datos que nos hacen presumir que son delitos de lesa humanidad”.
Se reveló que hubo intentos de mantener el asunto en secreto, con directivas para evitar denuncias y trabajos de inteligencia para monitorear a ex combatientes. Vicente sugirió una posible acción estatal para encubrir los hechos. Destacó que “lo que plantean las defensas es que, esto del 2015 no constituye ninguna novedad y no modifica”.
El proceso judicial ha experimentado varios avatares. Vicente mencionó la anulación de procesamientos en 2021 debido a la prescripción, lo que llevó el caso al Superior Tribunal de Justicia. En octubre de 2022, la Procuración General de la Nación recomendó a la Corte pronunciarse sobre el carácter de lesa humanidad de los delitos.
El secretario del Juzgado Federal también aclaró que el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas no es parte querellante, sino que ha mostrado interés en la investigación.
En resumen, la causa sobre las torturas en Malvinas continúa su curso judicial, con el debate centrado en si constituyen o no delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema debe pronunciarse al respecto, sin necesidad de revisar la amplia evidencia recopilada hasta la fecha.
