Notificaron de derechos a la médica acusada de mala praxis por un hisopado de Covid-19
El juez de instrucción 1 de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, Daniel Cesari Hernández, notificó de derechos y garantías a la médica acusada de producirle una fístula en el cráneo a un trabajador en el municipio de Tolhuin durante la realización de un hisopado para la detección de coronavirus, confirmaron hoy a Télam fuentes judiciales.
Cesari Hernández hizo lugar así a un pedido realizado por el fiscal Ariel Pinno que intervino en el caso y formuló un “requerimiento de instrucción penal” a raíz de la denuncia efectuada por Doroteo Torales, el albañil formoseño de 40 años que se recupera del fallido procedimiento médico en su domicilio.
Pinno también solicitó incorporar a la causa judicial las historias clínicas de Torales, tanto en el Centro Asistencial de Tolhuin, donde le realizaron el hisopado, como en el Hospital Regional Ushuaia donde fue derivado con posterioridad cuando se detectó que tenía una “fístula con pérdida de líquido cefalorraquídeo”.
El fiscal le pidió al juez que, entre otras medidas de prueba, haga lugar a una pericia médica sobre la presunta víctima y sobre lo actuado por la profesional que la atendió.
Torales contó a la prensa fueguina que el incidente tuvo lugar el jueves 14 de abril en Tolhuin, donde reside junto a su esposa y un hijo.
“Tenía mucho dolor de cabeza, de garganta y muscular. Hacía dos días que estaba en cama. La médica que me atendió estaba enojada porque yo me había quejado por la demora prolongada”, relató el hombre a medios de la provincia.
“Me metió el hisopo por la nariz y lo giró. Yo sentí el dolor y estornudé por reflejo. Ahí empecé a perder líquido, como una especie de baba o mucosidad. Después me enteré que era líquido cefalorraquídeo”, detalló.
Torales fue derivado al día siguiente al hospital de Ushuaia, donde el neurocirujano Carlos Cabrera le diagnosticó la fístula craneal y le recomendó reposo “con la cabeza lo más arriba posible y no toser, ni estornudar ni tomar mate”.
Cabrera dijo que “si la fístula permanece o se vuelve a abrir, hay que plantear alternativas quirúrgicas” y consideró que este tipo de casos “si bien no son frecuentes, son una posibilidad”.
Por su parte Torales fue dado de alta luego de permanecer internado varios días en observación y retornó a su domicilio.
Si bien la médica Andrea Carreño, de 50 años y 24 de ejercicio de la profesión, aún no formuló declaraciones públicas sobre lo acontecido, fue difundido un comunicado sobre el caso firmado por miembros de la comisión directiva del Sindicato de Profesionales de la Salud de Tierra del Fuego (Siprosa).
Allí la entidad se quejó de la difusión pública del caso y advirtió que “más allá de que sabemos que estamos expuestos a complicaciones en cada una de las prácticas relativas a nuestra profesión, también conocemos la distinta vara y la distinta privacidad que se le da a cualquier otra u otro trabajador ante una presunta complicación durante la realización de sus tareas, incluso muchas veces siendo estas delictivas y fuera del desempeño de sus labores”.
“Por qué a los profesionales de la salud nos exponen y al resto de los trabajadores los protegen? ¿Es que somos los únicos que no gozan del beneficio de la duda? ¿Es que somos los únicos presuntamente culpables ante la denuncia social sin posibilidad de descargo? se quejó el Siprosa ante la acusación de presunta mala praxis médica que enfrenta una de sus asociadas.
En tanto Torales se mostró preocupado por la pérdida de su empleo, ya que “vivo de changas y con esto no puedo trabajar. Estoy muy preocupado pero la prioridad ahora es recuperar mi salud”, señaló el albañil.
