EL RECLAMO DE SIEMPRE. Vuelven a pedir procesos transparentes para la selección y remoción de jueces en Tierra del Fuego
Desde el SEJUP objetaron el desigual tratamiento de las denuncias con los jueces Cesari Hernández y De Gamas Soler. El ex secretario de la Causa AMIA podrá jubilarse y no será enjuiciado, analizaron.
En un escenario marcado por denuncias y cuestionamientos al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Alicia Ponce, secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales (SEJUP), criticó con dureza los procesos en donde se tramitan las denuncias contra los jueces de instrucción penal Daniel Cesari Hernández y Javier De Gamas Soler.
Si bien el juez Daniel Césari Hernández presentó su renuncia al Poder Judicial de Tierra del Fuego, a criterio de la dirigente sindical se debiera continuar con la acusación y no permitir la ¨salida acordada ¨ con el magistrado de la ciudad de Río Grande.
Según reveló Ponce en una entrevista en FM Masters, hace tres años denunciaron a Césari por los mismos hechos que posteriormente también denunció el sindicato ¨Unión de Empleados Judiales¨, dando a entender la existencia de algún tipo de acuerdo entre la organización gremial de comportamiento oficialista para remover a Cesari Hernández que quedarse con la vacante del Juzgado de Instrucción de la ciudad de Río Grande.
A su vez, la representante gremial resaltó que en aquella ocasión no se tomaron medidas, a pesar de que varios compañeros y funcionarios abandonaron el tribunal debido al maltrato que presuntamente sufrían.
En este sentido, Ponce hizo hincapié en que el juez nunca debió haber ocupado su cargo debido a la gravedad con que administró el juzgado que ocupó hasta el momento de su renuncia. La dirigente sostuvo que, además de las acusaciones de maltrato, Césari Hernández mostraba un notable desconocimiento del derecho y había recibido múltiples denuncias por parte de auxiliares del Poder Judicial.
La madre de todos los males: El Consejo de la Magistratura
En relación al Consejo de la Magistratura, Ponce lanzó críticas hacia la falta de transparencia en sus decisiones y su marcada naturaleza política. Manifestó su frustración al no tener acceso a los detalles de las deliberaciones, señalando que los medios de comunicación tampoco contaban con dicha información. Además, detalló que ssta falta de transparencia pone en riesgo las garantías de la ciudadanía y plantea la necesidad imperante de realizar modificaciones en el funcionamiento del consejo.
La dirigente gremial relacionó el caso de Hernández con la continuidad del juez fueguino Javier De Gamas Soler, quien enfrenta denuncias por crímenes de lesa humanidad en la Causa AMIA, mientras se lo mantiene en funciones.
Comparando ambos casos, Ponce cuestionó por qué se tomaron medidas contra Césari Hernández mientras De Gamas Soler sigue ejerciendo como juez de instrucción.
De esta manera, expresó serias dudas sobre la actuación del Consejo de la Magistratura y la urgente necesidad de abordar estas irregularidades en aras de preservar la justicia y la confianza de la ciudadanía.
