Declaran la quiebra de Ambassador Fueguina

El juez Diego Manuel Paz Saravia declaró la quiebra de la empresa y la prohibición para salir del País de los directivos Alberto Martín Soria y Luisa Vicenta Duré.

El pasado 20 de setiembre el Juez Paz Saravia, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, declaró la quiebra de la empresa y la inhabilitación y prohibición para salir del País del presidente y directora suplente, como así también libró oficio al Correo Argentino y Andreani para interceptar la correspondencia enviada o recibida desde la empresa.

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En el fallo se transcribe el comunicado que la representante de los trabajadores, Sandra Ragussa deberá transmitir:

Se informa a los trabajadores y trabajadoras que el 20/09/2022 fue declarada la quiebra de Ambassador Fueguina S.A. Se ha llegado a esta decisión luego de que fracasaron los intentos de Ambassador Fueguina S.A. de arribar a un acuerdo con los acreedores durante la etapa del proceso que se denomina “concurso preventivo” y, luego, de Pago Virtual del Sur S.A., quien intentó acordar con los acreedores de Ambassador Fueguina S.A. en la etapa del proceso que le sigue al “concurso preventivo” y que se llama “salvataje”.

A continuación informa que no prosperó en la etapa de salvataje la propuesta de Pago Virtual del Sur S.A. razón por la cual se declaró la quiebra, por lo que se inicia el proceso de extinción y la inmediata liquidación de los bienes para abonar cada una de las deudas reconocidas en el proceso judicial.

Con el decreto de la quiebra, se iniciaron todos los trámites para vender los activos que Ambassador Fueguina S.A. tiene en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de Tierra del Fuego.

En el caso particular de la planta de Ushuaia se evaluará en particular la mejor forma de enajenación mediante remate público o licitación pública, con el principal objetivo puesto en que la planta y sus bienes muebles sean afectados a la inmediata producción de los bienes que habitualmente fabricó, integrándose a la actividad económica y a la generación de empleo, considerando en particular la situación de los trabajadores y trabajadoras que actualmente se ocupan de la conservación y custodia de tales bienes.

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