FALLO DE LA CORTE. Preocupa al municipio la continuidad del cobro del impuesto inmobiliario

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia expresó su preocupación ante el fallo de la Corte Suprema que mantiene la modificación de la Ley 1075, otorgando a la provincia la potestad de cobrar el impuesto inmobiliario.

La abogada Gabriela Muñiz Sicardi, secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia y viceintendenta electa de la ciudad, se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema que no hizo lugar al reclamo del Municipio respecto a la modificación de la Ley 1075, la cual otorga la responsabilidad del cobro del impuesto inmobiliario a la esfera provincial.

“Luego que nos notificamos de que no se hizo lugar al recurso de queja, por lo cual la Corte no ha intervenido en el fondo de la cuestión y queda vigente el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que le da la potestad a la provincia en cuanto al cobro del impuesto inmobiliario, es un tema más que preocupante para nosotros como municipio, entendemos que para los tres municipios es preocupante, porque es un ingreso genuino que tenemos”, expresó Muñiz Sicardi por FM Master’s, destacando la importancia de este impuesto como fuente de ingresos para financiar los servicios municipales y los salarios de los empleados.

La viceintendenta electa planteó la preocupación de que la provincia pueda cobrar el impuesto inmobiliario a mitad de año, siendo este un impuesto anual que se paga en alícuotas a lo largo del año: “El impuesto inmobiliario a mitad de año, cuando es un impuesto anual que se paga en alícuotas durante el año, pueda ser considerado ahora por la provincia para su cobro, habría que analizar de qué forma pretenden llevar esto adelante porque podría darse una doble percepción” sostuvo.

También resaltó la funcionaria que históricamente ha correspondido a los municipios el cobro de este impuesto, el cual constituye una base fundamental para el presupuesto municipal y la provisión de servicios a los vecinos. Por lo tanto, consideró que el municipio debe seguir teniendo esta facultad: “siempre fue de los municipios el cobro de estos impuestos, es una base fundamental para el municipio que hace su presupuesto basado en estos ingresos. Creemos que debemos seguir teniéndolo porque el municipio ofrece muchos servicios en forma directa para cada uno de los vecinos, y una retracción de esta parte económica le haría un gran efecto perjudicial a la Municipalidad”.

La abogada mencionó los esfuerzos conjuntos de los tres municipios para revertir la modificación de la ley y resaltó las declaraciones del actual gobernador, Gustavo Melella, quien expresó su intención de derogarla. Muñiz Sicardi manifestó su esperanza de que el gobernador tome acciones en beneficio de los municipios: “hasta hoy lo único que tenemos es la Ley que suspendía la puesta en vigencia del cobro hasta tanto saliera el fallo. Esperemos que el gobernador con su antecedente de venir de los municipios, que conoce y entiende claramente cuál es el perjuicio que le causa al municipio esta falta de ingresos de un recurso que hasta hoy sigue siendo percibido directamente por la Municipalidad”.

La incertidumbre generada por el fallo de la Corte Suprema afecta no solo al cobro del impuesto inmobiliario, sino también a la administración de los recursos y a los reclamos salariales de los gremios municipales: “todo esto se da también en un ámbito donde tenemos a los gremios con su reclamo por aumento salarial que también se ve afectado. Contra menor ingreso, más difícil es la administración de los recursos” advirtió.

Ante esta situación, propuso el diálogo como la mejor solución y abogó por una ley que derogue este capítulo del cobro del impuesto inmobiliario. En caso de no ser posible, sugiere la creación de una mesa de diálogo para buscar alternativas y mantener suspendido el cobro hasta que se resuelva cómo llevarlo adelante: “un diálogo creo que es lo más conveniente en este momento. Lo ideal sería una ley que derogue este capítulo del cobro del impuesto inmobiliario. En el caso que no fuera compatible, hacer una mesa de diálogo y que siga suspendida, hasta tanto se resuelva cómo se va a llevar adelante”.

En cuanto a los pasos a seguir, Gabriela Muñiz Sicardi finalmente confió en que un proyecto presentado por la legisladora Victoria Vuoto en la Legislatura sea tratado y permita a los tres municipios mantener la operatividad normal en cuanto al flujo de recursos: “seguimos creyendo en la palabra que se dio que se iba a derogar la Ley, en el capítulo del cobro del inmobiliario. La legisladora Victoria Vuoto presentó un proyecto sobre eso en la Legislatura, esperamos que esto se pueda tratar y los tres municipios podamos seguir nuestra normal operatividad en cuanto a flujo de recursos”.