Superior papelón: ampliaron su propia estructura pero no pueden crear el foro contravencional

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego protagonizó otro papelón institucional al no poder crear la estructura necesaria para implementar el foro contravencional, postergado durante siete años, mientras que en el mismo período amplió su propia conformación de tres a cinco integrantes, para posibilitar el ingreso del ex camarista Civil Ernesto Löffler.

El propio juez Loffler, además de Javier Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume y María del Carmen Battaini tuvieron que firmar el pasado 23 de febrero la acordada 15/22 adjudicándole a los juzgados correccionales de cada distrito la responsabilidad de entender en un fuero creado en 2015 pero nunca puesto en funcionamiento por las máximas autoridades del Poder Judicial fueguino.

Según reseñó ayer El diario del Fin del Mundo, la ley 1024 que creó el fuero contravencional fue sancionada el 4 de diciembre de 2014 y promulgada el 13 de enero de 2015, estableciéndose su entrada en vigencia a los 120 días posteriores.

Sin embargo, la ley fue postergada en su aplicación a través de otras normas (1087, 1141, 1262 y 1309) hasta que finalmente la 1335 estableció su entrada en vigencia a partir del 1 de febrero de 2022.

A las apuradas, y ya sin margen para crear las estructuras que debió instrumentar a lo largo de siete años, el Superior Tribunal resolvió que “hasta la puesta en funcionamiento de los juzgados contravencionales, se considera adecuado asignar las funciones que el código de contravenciones confiere, al Juzgado Correccional de cada uno de los distritos judiciales”.

La acordada tiene más implicancias que derivaron en otros remiendos y complicaciones. Por ejemplo, como según la ley, los juzgados correccionales deben intervenir como alzada (instancia de apelación) en los procesos contravencionales, se determinó que las apelaciones deberán ser resueltas “por un juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de cada uno de los distritos judiciales”, algo que no figura en el procedimiento natural para este tipo de procesos y puede dar lugar a cuestionamientos a futuro.

Por otra parte, la entrada en vigencia de la ley contravencional en estos términos implicará una mayor carga laboral, no solo para los juzgados correccionales y las cámaras de apelación, sino también para las fiscalías y las defensas que ya están desbordadas de trabajo.

Ante ello, la acordada solo se limita a señalar que “la Secretaría de Superintendencia evaluará y adoptará las medidas pertinentes para atender tal situación y asignar los recursos humanos y materiales de conformidad a las necesidades propias del servicio”.

Los propios jueces del STJ admiten en los fundamentos de la medida que el Código Contravencional “constituye una herramienta útil y eficaz para mejorar la labor del servicio de administración de justicia” dejando de lado los denominados Edictos Policiales que fueron declarados inconstitucionales por el propio organismo a través de una sentencia dictada el 15 de julio de 2021, en ocasión de resolver una causa por resistencia a la autoridad, lesiones leves y daños.

Lo insólito es que los máximos jueces provinciales no pueden fundamentar la falta de recursos económicos para instrumentar la postergada entrada en vigencia del sistema contravencional, dado que en 2020 y en plena pandemia de coronavirus (con la crisis económica que ello conllevó) el juez Sagastume impulsó y logró la ampliación del Superior Tribunal de tres a cinco integrantes.

Esa decisión avalada por la Legislatura implicó un desembolso económico muchas veces mayor a la creación del nuevo fuero. De hecho el abogado Federico Rauch estimó que a valores de 2020, cada nuevo juez del STJ implicaba un gasto de $4 millones mensuales, es decir $48 millones al año, y entonces cerca de $100 millones anuales considerando los dos nuevos magistrados.

De todos modos, la ampliación de la Corte fueguina solo sirvió para designar en tiempo récord (algo más de dos meses) al ex camarista Loffler en cumplimiento de los pactos políticos asumidos por el gobernador Gustavo Melella, mientras que el quinto sillón del organismo se encuentra vacante, demostrando ello por sí mismo, que no existía la urgencia que se esgrimía para llevar a cabo la ampliación.

Por otro lado, mientras el Superior Tribunal ampliaba su propia estructura y dilataba la creación del foro contravencional, concluyó la obra de su imponente edificio (ubicado frente al todavía inconcluso Hospital Regional Ushuaia) relegando a todos los jueces, funcionarios y empleados de primera instancia a sitios donde apenas caben y que no pasarían ninguna inspección del Ministerio de Trabajo.