¿Y… dónde están los dólares?

El bloque de Legisladores del Partido Verde quiere saber donde están los casi 180 millones de dólares que el gobierno provincial heredó de la gestión Bertone.

En la última sesión ordinaria la Legislatura de la Provincia pasó a comisión el proyecto presentado por los legisladores del Partido Verde (María Laura Colazo, Victoria Vuoto y Jorge Colazo) en el que le solicitan al Poder Ejecutivo precisiones sobre las operaciones financieras que se hayan realizado con los dólares que la Provincia tenía depositados al inicio de la gestión Melella.

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En el mes de mayo del 2020 el Ejecutivo provincial destinó 110 millones de dólares a operaciones de plazos fijos y al vencimiento de los mismos, en julio del 2020, reinvirtió 90 millones de dólares en un plazo fijo a 30 días y 580 mil en un bono BONAR 2024.

Durante el mes de abril informábamos que el Ejecutivo había decidido transferir más de 90 millones de dólares a “fideicomisos a constituirse”.

La operatoria se realizó mediante los decretos 537 y 626/21. Mediante ambos decretos se ordenó la transferencia de más de 90 millones de dólares a fideicomisos no constituidos. Desde Noticia de Tapa informamos que la maniobra podría ser utilizada como una forma de evadir los controles del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

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Mediante Decreto 537/2021 el Gobernador Gustavo Melella autorizó transferir U$D 65.215.312,30 al fideicomiso de obras públicas que su gestión creará para ejecutar nuevas obras en la provincia.

Hasta la fecha no se ha oficilizado la creación del fidicomiso y se desconoce el destino de los 65 millones de dólares.

(Ver ¿Una zona liberada? )

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Mediante Decreto 626/21 el Gobernador Gustavo Melella dispuso la cesión de u$s 25.963.016,68 dólares a favor del fideicomiso de Obras Públicas II a suscribirse entre la Provincia y el Banco Provincia de Tierra del Fuego.
Esta cifra se suma a los u$s 61.215.312,30 cedidos mediante Decreto 537/2021.

En ambos casos los fondos fueron cedidos sin que previamente se hayan constituido los fideicomisos que deberán administrar los más de 91 millones de dólares, lo que confirmaría la intención del Poder Ejecutivo de utilizar estas herramientas para evadir los controles del Tribunal de Cuentas.

Ver Zona liberada 2