Acorralada por los organismos de control, la gestión Melella desistió de los fideicomisos de Obra Pública
La gestión del gobernador Gustavo Melella desistió de la utilización de fideicomisos de obra pública debido a las múltiples observaciones de falta de transparencia de ese mecanismo señaladas por la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.
Los organismos de control se expidieron en distintas oportunidades remarcando que si bien era posible utilizar fideicomisos como método de pago de las obras, ello debía ser revalidado con profusa información pública sobre las operatorias, además de una serie de cuidados relacionados con el rol del Banco de Tierra del Fuego y con la contratación de personal y servicios por afuera de la estructura estatal.
Ante la ola de observaciones, finalmente la gestión Melella desistió del mecanismo en otra muestra de falta de rumbo y desconcierto sobre cómo gestionar políticas públicas.
En un dictamen suscripto en 2021, la Fiscalía de Estado había sostenido que si bien los fideicomisos eran posibles, el gobierno debía garantizar “los principios de transparencia, publicidad y difusión que permitan controlar” su funcionamiento, teniendo en cuenta la magnitud de los recursos económicos en juego.
“Tratándose de fondos estatales, cualquier régimen que se adopte respecto de los contratos a celebrarse en el marco de los fideicomisos públicos provinciales debe estar informado como mínimo por los principios de transparencia, publicidad y difusión que permitan controlar la razonabilidad de los criterios empleados por el fiduciario para llevar a cabo su gestión”, afirmó el fiscal de Estado adjunto, Maximiliano Tavarone en aquel dictamen.
La gestión Melella pretendía constituir dos fideicomisos, uno cediendo 65,21 millones de dólares, y otro por 25,9 millones de dólares, provenientes del endeudamiento en el exterior generado por la ex gobernadora Rosana Bertone con destino específico a obras de infraestructura.
La Fiscalía de Estado exigía que el BTF debía elaborar un plan de inversiones y un cronograma de ejecución de las mismas.
También hacía mención a la “riesgosa transferencia de responsabilidades de los Ministerios de Finanzas Públicas y de Obras y Servicios Públicos, en Ia medida que a través de tales instrumentos se podrían terminar ejerciendo misiones y funciones inherentes a ambas jurisdicciones, terciarizando las competencias propias que ya se encuentran sancionadas y reglamentadas por distintas dependencias del Poder Ejecutivo y de los entes que de éI dependen”, anticipaba el organismo de control.
