REFORMA ELECTORAL. Tierra del Fuego solo se queda con una banca en diputados

La provincia pasaría de 5 bancas a solo 1 en la Cámara Baja. Se elimina la “lista sábana” y perjudica a los partidos chicos. La iniciativa firmada por Milei también deroga las PASO

En una movida política que podría reconfigurar el mapa electoral del país, el Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley ómnibus que plantea alterar la distribución de bancas en la Cámara de Diputados. 

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La modificación más destacada es la adopción del sistema de circunscripciones uninominales, un cambio que amenaza con modificar el equilibrio de representación de las provincias.

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La propuesta implica una alteración en la base de representación de diputados, pasando de 161 mil a 180 mil (o fracción no menor a 90 mil) por banca. Este cambio elimina el adicional de 3 y el mínimo de 5 por distrito, afectando directamente la representación de las minorías.

En este nuevo escenario, Tierra del Fuego pasaría de tener 5 bancas a solo 1, una disminución significativa que genera preocupación en la provincia. Mientras tanto, provincias como Buenos Aires y Córdoba verían un aumento sustancial en su representación, pasando de 70 a 97 y de 18 a 21 bancas, respectivamente.

La Cámara de Diputados, actualmente con 257 bancas, disminuiría a 255 si se aprueba esta modificación del sistema electoral propuesto.

Para lograr este objetivo, el Gobierno propone un sistema de elección de diputados nacionales en base a circunscripciones uninominales, inspirado en el modelo del Reino Unido. En lugar de la lista sábana actual, cada distrito electoral elegiría individualmente a un representante para la Cámara Baja.

Desde el Gobierno argumentan que este cambio busca superar la “crisis de la representación política” y evitar que las boletas de grandes distritos electorales beneficien a aquellos con el poder de determinar la integración de las listas en lugar de otorgarle el poder a la ciudadanía.

Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas y preocupaciones, con posibles judicializaciones por presunta inconstitucionalidad.