Mujeres y desigualdad: Cuando la Justicia es la que discrimina
-Editorial-
La profunda desigualdad y discriminación por resultados que sufren las mujeres en el Poder Judicial fueguino ha generado la intervención de numerosas organizaciones no gubernamentales, para poner de manifiesto la mayor infrarepresentación de mujeres juezas y magistradas en comparación con el resto de los Poderes Judiciales provinciales.
Así lo entendieron Ammistía Internacional Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Poder Ciudadano, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y las organizaciones locales fueguinas Participación Ciudadana y la Red de Mujeres de Ushuaia, que realizaron distintas presentaciones ante el Gobierno provincial y el Consejo de la Magistratura fueguino.
La discriminación contra las mujeres en la Justicia más austral surge de la reciente publicación del Mapa de Género informado por la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el reporte, el Poder Judicial de Tierra del Fuego ocupa el peor lugar en términos de desigualdad y falta de paridad, lo que conlleva una barrera infranqueable para las abogadas que pretenden ejercer la magistratura en la provincia más joven del país. También, un enorme déficit de perspectiva de género entre quienes integran tan importante Poder de la organización republicana.
Sucede que el 82% de los cargos de mayor jerarquía judicial son ocupados por hombres, mientras que las mujeres solo ejercen el restante 18% de los cargos en la magistratura.
La situación se explica en la conformación del Consejo de la Magistratura fueguino, que durante el 2020 estuvo compuesto integralmente por hombres, asociado a que los dos asesores jurídicos del organismo de selección también fueron dos abogados varones.
Aunque la situación de discriminación y desigualdad quedó en mayor evidencia cuando la Legislatura fueguina sancionó la Ley de Ampliación del Superior Tribunal y el Consejo de la Magistratura estableció la obligatoriedad de evaluar a los candidatos con perspectiva de genero. Muy a pesar de este principio, el organismo de selección provincial no evaluó ni antecedentes, la entrevista ni mucho menos los trabajos escritos que se presentaron. A tal punto llegó la arbitrariedad del cuestionado concurso, que el Consejo solo analizó el escrito del candidato seleccionado para ocupar el cargo para el máximo tribunal, sin que se le colocará puntaje al resto de los candidatos.
La selección recayó en el candidato Ernesto Löffler por sobre las restantes candidaturas, sin que mediará ningún tipo de valoración de idoneidad entre quienes participaron del concurso. Simplemente, logró la mayor cantidad de votos en la ronda de votación final, sin que se haya conformado un orden de mérito que permita vislumbrar la evaluación realizada por el Consejo de la Magistratura.
Participaron del concurso numerosas candidatas, algunas de ellas con sólidos antecedentes funcionales y académicos, incluso con acreditada formación en políticas de no discriminación e inclusión social. Pese a esto, el organismo de selección de jueces evitó evaluar en particular la flamante obligación que incorporó para ocupar las nuevas vocalías del máximo tribunal provincial: paridad y perspectiva de género.
Con la designación del Gobernador Gustavo Melella en favor de Ernesto “Nene” Löffler, la actual conformación de la Corte fueguina paso de estar integrada por dos vocales jueces y una jueza, a tres hombres y una mujer. Situación que se agravó la desigualdad, al incorporar a un nuevo juez en el alto tribunal fueguino.
La representación de mujeres paso de 33% a solo el 25% de las vocalías y el riesgo inminente que el concurso para ocupar el quinto lugar en la Corte también sea ocupado por otro hombre en un sistema de selección que ha demostrado su clara tendencia de vulnerar los principios de igualdad y no discriminación.
Tierra del Fuego estableció en su Constitución el Consejo de la Magistratura para la selección de la totalidad de los cargos de jueces y juezas desde principios de los años 90, incluso antes que la puesta en marcha a nivel nacional. Definió que todos los cargos deben atravesar un concurso, incluso las vocalías de la Corte local. En las versiones taquigráficas de la Convención Constituyente provincial se refleja la voluntad de los constituyentes de despolitizar la selección y remoción de jueces y magistrados, aunque aquel valor republicano establecido desde la creación de la Provincia ha sido sistemáticamente vulnerado.
Desde esta línea editorial se ha planteado reiteradamente la necesidad de fortalecer los sistemas de frenos y contrapesos republicanos, y la imperiosa obligación de despolitizar el funcionamiento del Poder Judicial. También, que cargos de tamaña relevancia, como lo es la magistratura, deben ser ocupados por magistradas y magistrados solo comprometidos con el efectivo cumplimiento de la Ley. En tal sentido, debe alertarse sobre toda situación en donde la administración de Justicia corra riesgos de ser ejercida por personas que no abracen con fervor los grandes principios de nuestro sistema republicano.
Resulta inadmisible, entonces, que el propio Poder Judicial funcione como un escollo para el ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad, al postergar, como en el caso fueguino, el desarrollo igualitario de las mujeres. La presencia mínima de personas comprometidas y formadas en perspectiva de género en Poder Judicial de Tierra del Fuego solo agrava la condición de las mujeres en condición de vulnerabilidad social, exponiéndolas a una nueva situación de desigualdad. En efecto, Tierra del Fuego cuenta con la tasa más alta de casos de abuso sexual por cantidad de habitantes, mientras la totalidad de los Tribunales de Juicio están integrados exclusivamente por jueces hombres y la presencia de mujeres en el Ministerio Público no supera el 20% de los fiscales.
Alarma que los principios de igualdad y no discriminación resulten vulnerados, mientras la dirigencia fueguina se encuentra debatiendo un proyecto de Ley de Paridad en cargos públicos. Como vemos, tal lo relevado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Justicia fueguina cada vez más se aleja del ideario de igualdad ante la ley y de respeto por los derechos de última generación.
