ESTAFA. Dos empresarios de Ushuaia y ex comisario implicados en fraude a 60 familias

El abogado Paulino Rossi detalló los pormenores de una presunta estafa inmobiliaria que dejó a 60 familias de Río Grande en la incertidumbre, mientras dos conocidos empresarios y un ex comisario enfrentan acusaciones legales.

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El abogado local Paulino Rossi arrojó luz sobre una presunta estafa inmobiliaria que ha dejado a 60 familias en una situación de incertidumbre en la ciudad de Río Grande. Los principales implicados en este escándalo son los empresarios de Ushuaia Walter Agra y Darío Prieto, junto con el ex comisario Dardo Estefó, quienes se enfrentan a acusaciones legales por su presunta participación en este fraude.

Rossi, por FM Master’s, reveló que en 2017 se prometió la entrega de un ambicioso proyecto de urbanización que comprendía 60 lotes residenciales y un centro comercial en la zona. Este proyecto se presentó como una empresa conjunta entre desarrolladores locales y la Caja Compensadora de la Policía provincial, la institución encargada de administrar fondos de futuras jubilaciones de los agentes de seguridad. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una inversión sólida y segura, pronto se convirtió en un desastre para decenas de familias.

“Hubo amplia difusión por redes, cartelería que sigue en pie. Era un proyecto de apariencia solvente, porque el fideicomiso que se conformó para llevarlo adelante no era con Campolter, sino era con la Caja Compensadora de la Policía provincial. El IPAUSS de la Policía, son los que administran los fondos de futuras jubilaciones”, afirmó Rossi.

paulino rossi
Abogado de Río Grande, Paulino Rossi.

El esquema fraudulento consistía en la venta de terrenos inicialmente a miembros de la fuerza policial y, posteriormente, a cualquier interesado en la comunidad. La aparente solvencia respaldada por la asociación con la Caja Compensadora indujo a numerosas familias a invertir en el proyecto, pagando cuotas por terrenos que nunca recibirían.

“Lo que se hizo fue no solamente saquear los fondos de la Caja previsional, sino que al tomar la plata de esta gente que compró esos terrenos de buena fe, y que iban pagando en cuotas, porque el fideicomiso tenía aparente solvencia, cuando no pudieron sacarle más plata a la gente, cerraron las oficinas y desaparecieron de la faz de la Tierra”, explicó Rossi.

Desde entonces, las familias afectadas han estado buscando respuestas y una solución a su situación desesperada. Sin embargo, se han encontrado con obstáculos en su camino hacia la justicia.

“La gente empezó a reclamar, no encontraron eco en ningún lado. Nosotros tomamos la causa hace varios años e iniciamos las acciones en defensa del consumidor provincial, que no hizo absolutamente nada”, lamentó el abogado.

A pesar de los esfuerzos de las víctimas y sus representantes legales, los implicados continúan litigando contra la Caja Compensadora y entre sí, enredando aún más el proceso judicial y prolongando la agonía de las familias afectadas.

“Hoy en ese lugar donde supuestamente las 60 familias iban a vivir, hay un hermoso cartel gigante en el cual gastaron muchos millones de pesos para captar clientes, que dice ‘Altos de la Patagonia’, y la apertura de las calles. Nada más. Desde el 2017 que no se hizo absolutamente nada”, señaló Rossi.

A pesar de las acusaciones actuales de estafa, el letrado cree que hay fundamentos sólidos para argumentar la existencia de una asociación ilícita detrás de este fraude inmobiliario.

“La imputación es estafa, por ahora, pero nosotros estamos convencidos de que hay una figura de asociación ilícita. Se configuran todos los elementos, de manera clara y contundente, para demostrar que acá hubo una asociación ilícita”, aseguró Rossi.

En medio de la incertidumbre y la angustia de las familias afectadas, Paulino Rossi enfatizó por último la urgencia de encontrar una solución para las víctimas: “Lo primero que hay que hacer es buscar una solución para esas familias. Hay sobradas herramientas por parte de las autoridades de la Caja compensadora actual, del gobierno provincial, porque al fin y al cabo son fondos públicos y son familias de Río Grande que se le podría dar una solución. Hay que avanzar porque no puede ser que quede impune esto”.

(Foto: FM Aire Libre)