POLÉMICA. Dachary definió la responsabilidad provincial en el affaire de la antena
El secretario provincial de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia delineó cuáles son las incumbencias del Estado provincial y cuáles las del nacional, en el espinoso asunto de la antena de la empresa británica Leolabs.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, brindó su perspectiva sobre la controversia generada por la instalación de una antena radar en Tolhuin por parte de una empresa de capitales británicos.
En una entrevista realizada por FM Master’s, Dachary abordó la responsabilidad e injerencia que tiene la provincia en este mediático asunto, y dejó en claro que, debido al carácter federal del país, ciertas cuestiones están bajo la jurisdicción del Gobierno Nacional: “todo lo que tiene que ver con la defensa, las relaciones exteriores y las comunicaciones, son temas que administra el Gobierno Nacional. Esto no es para evadir responsabilidades, sino de a quién corresponden o no las aprobaciones”.
El secretario destacó que en la provincia ya se encuentran instalados varios sensores provenientes de diferentes programas espaciales: “la estación astronómica Río Grande trabaja con distintos programas espaciales. Ha trabajado ya con la NASA, hay sensores de China, hay sensores de Alemania y demás. Se canaliza por el mismo mecanismo” aseveró.
En relación a la polémica generada en torno al proyecto, Dachary explicó que el origen del cuestionamiento proviene de una publicación en un medio desconocido: “el cuestionamiento está dado desde un lugar de lo que se llamaría la actitud. Es decir, hay un proyecto que se presenta con un objetivo que es instalar una estación para monitorear lo que es basura satelital, y esta información ser vendida. El cuestionamiento pasa de esto, a algo que podría tener una utilidad militar y ser un objetivo en caso de una tercera guerra mundial”.
En cuanto a la empresa responsable de la antena radar, Dachary señaló que el 95% de la misma pertenece a una empresa de origen irlandés, mientras que el 5% corresponde a una empresa del Reino Unido. En este sentido, expresó su opinión sobre la necesidad de revisar la composición accionaria de la compañía: “para nosotros esto, más allá de las decisiones finales que tome el Gobierno Nacional, sí debería ser modificado, porque es una incongruencia estar de cierta manera favoreciendo el desarrollo económico de una empresa británica con generación de información, más allá de que no sea militar, desde la provincia de Tierra del Fuego”.
Ante la controversia suscitada, el Ministerio de Defensa solicitó más información sobre el proyecto y, como respuesta, la Secretaría de Comunicaciones retiró la habilitación temporal de la antena y envió los detalles del proyecto al Ministerio de Defensa y la Cancillería para su evaluación.
En conclusión, Dachary señaló que se espera que los ministerios definan si otorgarán nuevamente el permiso para el funcionamiento de la antena o si se removerá a la empresa británica del proyecto, considerando la revisión de la composición accionaria desde la perspectiva provincial.
