La ditular del gremio cuestionó duramente la intervención en el puerto de Ushuaia y sostuvo que el supuesto ahorro de la ANPyN se basa en no pagar salarios ni servicios, mientras los trabajadores siguen desplazados.
La situación en el puerto de Ushuaia tras la intervención de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) generó indignación entre los trabajadores, quienes denuncian haber quedado al margen de sus funciones habituales mientras se anuncian inversiones financiadas, según afirman, por la suspensión de gastos esenciales.
En ese marco, y por FM Ushuaia, la secretaria general del sindicato, Daniela Salinas, expuso la mirada del sector y describió un escenario de exclusión laboral y tensión institucional.
“Ccualquiera va a tener ahorro si no tiene gastos”, planteó Salinas, al referirse al argumento oficial sobre la eficiencia en la gestión. En ese sentido, sostuvo que “no sólo no pagan los salarios ni nada relacionado con el personal, sino que también no pagan el agua, no pagan la luz”, y remarcó que esos costos son afrontados por la Dirección Provincial de Puertos.
Según explicó, “todo eso sale desde el ahorro, entre comillas, que ya venía teniendo la Dirección Povincial de Puertos, era dinero destinado a obras y modificación de edificios”, pero actualmente “esas obras están todas paradas, o la gran mayoría, y se destinó el dinero al pago de salarios, que es lo que está sosteniendo ahora a todos los trabajadores”.
Salinas también señaló que la intervención coincidió con un período de alta actividad. “Agarraron un pico bastante alto de temporada”, indicó, y precisó que “se hicieron cargo de la parte de la caja desde fines de enero”, en un contexto donde “los calendarios se gestionan con 24 meses de anticipación”. En esa línea, cuestionó que los ingresos actuales no responden a gestiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, sino a una planificación previa.
La dirigente describió además el impacto directo sobre el personal: “Hoy por hoy los trabajadores específicamente quedamos en el medio de una disputa institucional, política, como quieras llamarlo”.
En relación con el desplazamiento de los empleados locales, expresó que “es terrible que pormenoricen el trabajo que se hizo diariamente hasta que nos imposibilitaron entrar”.
Asimismo, puso en duda la narrativa oficial sobre la operatividad actual: “Es fácil decir que con 15, 16, 17 trabajadores los lleven a cabo. La parte que no dicen es todo el personal que tuvieron que traer desde Buenos Aires”.
Frente a este escenario, el sindicato evalúa acciones judiciales. “Estamos viendo la alternativa de hacer una presentación judicial”, afirmó Salinas, aunque aclaró que “los tiempos por ahí no son los ideales” por depender de información externa. No obstante, estimó que “a más tardar a fin de mes, principio del mes siguiente, calculo que ya podemos estar llevando algo más”.
Finalmente, Daniela Salinas advirtió que el conflicto se desarrolla en múltiples frentes: “Inicialmente tenemos el tema de la presentación judicial y después es un día a día”, concluyó.
