El secretario general de ATE consideró que la falta de acompañamiento de las cámaras empresariales al reclamo portuario responde a intereses políticos vinculados con La Libertad Avanza y reclamó una solución urgente.
El secretario general de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, expresó sus sospechas sobre una posible actuación coordinada entre las cámaras empresariales vinculadas al turismo y sectores políticos de La Libertad Avanza, a partir de la negativa de esas entidades a acompañar el reclamo de los trabajadores desplazados por la intervención federal del puerto de Ushuaia.
Durante una entrevista en FM Ushuaia, el dirigente sindical atribuyó motivaciones políticas a la posición de las cámaras turísticas. Ante la consulta sobre si sospechaba que estaban operando a favor del oficialismo nacional, respondió categóricamente: “Pero por supuesto, porque no se los ve”, y explicó, con su particular estilo, que, de existir voluntad de acompañamiento, sus autoridades podrían decirles a sus trabajadores: “Andá y parate y acompañá, andá y hablá con Fulanito, acercate, vení y mentime”.
La interpretación de Córdoba se apoya fundamentalmente en la ausencia de las organizaciones empresariales en las manifestaciones y gestiones destinadas a recuperar la administración provincial del puerto. Aunque inicialmente evitó atribuirles una vinculación partidaria concreta, al considerar que su comportamiento “es político”, posteriormente reconoció sus sospechas sobre una eventual coincidencia de intereses con el espacio libertario.
Para el sindicalista, esa actitud resulta particularmente contradictoria frente a los beneficios económicos que genera la actividad portuaria para el turismo. Recordó que “nunca, jamás, en todo el tiempo que yo conozco Ushuaia, vinieron tantos barcos”, mencionó la presencia de más de 600 embarcaciones durante el verano y se preguntó: “¿Y a quién les sirve? Al turismo”.
Desde esa perspectiva, reclamó una participación conjunta de empresarios, trabajadores y autoridades políticas para resolver el conflicto, sin convertirlo en una disputa entre sectores. Su propuesta consiste en ampliar la representación del reclamo y promover gestiones institucionales que permitan recuperar la normalidad operativa.
La preocupación inmediata de ATE está relacionada con la continuidad laboral y salarial de los empleados desplazados. Córdoba advirtió que los recursos disponibles para sostener sus remuneraciones desde la DPP alcanzarían hasta abril, mientras persiste la incertidumbre sobre su reincorporación efectiva.
Al respecto, explicó que los trabajadores están “cansadísimos de estar así, de estar cobrando el sueldo y no saber cuál va a ser su futuro realmente sobre la situación laboral”, situación que motivó nuevas manifestaciones frente a las instalaciones portuarias.
El dirigente también relató sus conversaciones con representantes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Según indicó, Fernando Polizzi le manifestó: “Yo necesito incorporar cuatro compañeros y ver cómo se portan”, una condición que consideró improcedente para empleados con extensa trayectoria.
Sobre la reciente designación del gremialista Juan Avellaneda en un cargo jerárquico de la intervención, tras haber sido denunciante contra el puerto, Córdoba interpretó que constituye una decisión capaz de profundizar las tensiones internas. Sin embargo, rechazó trasladar el conflicto al enfrentamiento personal entre empleados y planteó: “¿Por qué tenemos que pelear entre trabajadores?”.
Finalmente, insistió en que la salida requiere acuerdos políticos, garantías laborales y respeto por los derechos adquiridos. Como alternativa, propuso “que termine la intervención federal o que se intervenga en lo administrativo y el resto que sigan trabajando como corresponde”, preservando salarios, antigüedad, cobertura médica y aportes previsionales.
Su planteo apunta a separar las diferencias políticas de la continuidad operativa del puerto, cuya actividad considera fundamental para el desarrollo económico de Tierra del Fuego.
