La central obrera convocó a una movilización para este martes 17, en respaldo a los trabajadores portuarios y al financiamiento educativo. Calderón reveló avances en las conversaciones con legisladores para destrabar el proyecto.
La CGT Ushuaia se movilizará este martes 17 con una agenda que combina el rechazo a la intervención nacional del puerto y el pedido de aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo. La convocatoria coincidirá con la reanudación del tratamiento legislativo de la iniciativa, luego del cuarto intermedio dispuesto a comienzos de noviembre.
Ramón “Moncho” Calderón, secretario general de UTHGRA y titular de la central obrera local, anticipó en FM Ushuaia que la intención es “estar con los compañeros del puerto y también a la Legislatura”, donde reclamarán que se avance con el proyecto y que quienes mantienen objeciones “empiecen a ver un poquito la situación que está viviendo la provincia”. La prioridad, explicó, es garantizar la continuidad de las clases durante el próximo ciclo lectivo.
La situación portuaria constituye el otro eje de la protesta. Mientras los gremios evalúan con sus asesores legales una presentación ante la Nación, Calderón alertó sobre la posibilidad de que la intervención, vigente desde enero, sea prorrogada por otro año en diciembre. Atribuyó al Gobierno nacional una estrategia destinada a provocar enfrentamientos y presentar públicamente “que los violentos son los sindicatos, que los violentos son los trabajadores”, con la intención de “deshuesar” a las organizaciones mediante acciones judiciales.
La convocatoria fue anunciada después de un encuentro de tres horas que representantes de la CGT mantuvieron el jueves con Federico Sciurano, Victoria Vuoto, Tomás García y Juan Carlos Pino, en la sede de UTHGRA. Calderón consideró productivo el intercambio porque los legisladores “contestaron todas las preguntas” y permitieron conocer las posiciones sobre ambos conflictos. En materia portuaria, señaló que hubo coincidencias: “ninguno quiere un puerto intervenido” y “el puerto es de Tierra del Fuego”.
Respecto del financiamiento educativo, las principales diferencias giraron alrededor de los aportes previstos para el Banco de Tierra del Fuego y Camuzzi. El proyecto contempla gravar con un 3% los ingresos brutos del BTF, establecer una contribución sobre la actividad de la distribuidora de gas e incorporar recursos de Terra Ignis, entre otras fuentes.
Durante la reunión surgieron alternativas para modificar el esquema bancario, como trasladar el aporte a Terra Ignis o reemplazar el impuesto por una contribución voluntaria del BTF. Sciurano mostró mayor disposición respecto del gravamen a Camuzzi, mientras que la posibilidad de una colaboración del banco abrió otra instancia de negociación. “La palabra colaboración como que cambió un poquito la idea y el pensamiento también del legislador”, interpretó Calderón, en referencia a las reservas del radical sobre las consecuencias del tributo para los fueguinos y los empleados públicos.
Aunque valoró esa apertura, el dirigente insistió en que “hay que seguir dialogando”. Frente a las objeciones comerciales, sostuvo: “Me parece que en esto tenemos que colaborar todos, tenemos que empezar a garantizar que nuestros hijos, nuestros nietos empiecen a tener clases todo el año”, y recordó que “no todos podemos mandar nuestros hijos o nietos a colegios privados”.
Finalmente, reconoció la existencia de otras demandas salariales dentro del sector público, pero explicó que la CGT resolvió concentrar inicialmente sus esfuerzos en la educación. “Hoy vamos por esto, próximamente por todos los otros puntos”, señaló, sin desconocer que numerosos estatales perciben “sueldos muy bajos” y necesitan “una garantía de poder llegar a la canasta básica, al menos”.





