Los trabajadores desplazados del puerto de Ushuaia expresaron su indignación por el trato recibido de representantes empresariales del turismo, quienes rechazaron dialogar sobre el conflicto generado por la intervención nacional.
La relación entre los trabajadores desplazados del puerto de Ushuaia y los representantes del sector turístico atraviesa un nuevo momento de tensión, luego de un encuentro que terminó sin diálogo y cuyas imágenes comenzaron a circular públicamente. El episodio provocó indignación entre los portuarios, que reprochan a las cámaras empresariales su falta de acompañamiento frente a la intervención nacional y el trato recibido durante una reunión que inicialmente había sido solicitada por los propios empresarios.
Valeria Barría, trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos con veinte años de servicio, relató en FM Ushuaia que el incidente ocurrió después de una manifestación realizada el 31 de octubre. Según explicó, unos cuarenta empleados permanecieron esperando a los representantes turísticos porque anteriormente habían solicitado, sin resultados, una instancia de acercamiento: “Nos pareció una buena instancia para empezar a tener un contacto con ellos, que puedan, de una vez por todas, escuchar lo que nosotros venimos defendiendo hace nueve meses”.
Sin embargo, la expectativa terminó en frustración cuando los dirigentes empresariales ingresaron a reunirse con las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos sin recibir a los trabajadores. Barría recordó que se acercó acompañada por otros empleados para conocer los motivos de esa decisión y describió lo ocurrido: “Ahí transcurrió este video, que se viralizó, donde queda muy claramente esta negatoria de querer hablar con los empleados y no defender el puerto que es de la provincia”.
El malestar se profundizó por las formas utilizadas durante el intercambio. La empleada consideró que “su primera reacción fue levantar la voz y poner esta justificación, con un tono bastante elevado de voz”, una conducta que, según manifestó, resultó incompatible con cualquier intención de acercamiento. Sobre los representantes Patricio Cornejo y Ángel Brisighelli, expresó: “Han sido muy arrogantes en la manera de dirigirse a una trabajadora que representa a todos los trabajadores del puerto”.
La situación adquiere particular relevancia porque los empleados sostienen desde enero un reclamo por la restitución de la administración provincial del puerto, mientras las empresas turísticas continúan desarrollando sus actividades. Esa diferencia de posiciones alimenta el descontento de quienes consideran insuficiente la respuesta institucional de las cámaras.
Para Barría, lo ocurrido constituyó “un destrato para los trabajadores que hace prácticamente diez meses venimos defendiendo el puerto de la provincia”, especialmente por la importancia económica y estratégica de las instalaciones. En ese contexto, interpretó que los representantes empresariales “siguen manteniendo esta postura neutral, tibia”, aunque posteriormente puso en duda esa neutralidad y vinculó su comportamiento con intereses políticos.
La trabajadora también rechazó que la responsabilidad por las dificultades operativas recaiga sobre quienes se manifiestan. Según explicó, los empresarios sostienen que son “rehenes de un conflicto en el cual no son parte”, pero terminan trasladando las consecuencias del enfrentamiento institucional a los empleados desplazados.
Respecto de las motivaciones empresariales, Barría fue categórica: “Están defendiendo sus propios intereses”, y consideró que su prioridad consiste en preservar la actividad turística independientemente de quién administre las instalaciones. Desde esa perspectiva, advirtió que “no poner una postura firme a todo lo que sabemos que vino a hacer una intervención” implica también una responsabilidad frente al conflicto.
Finalmente, recordó que la actividad portuaria había registrado avances operativos y proyectos de crecimiento durante los últimos años. La intervención, afirmó, interrumpió esas perspectivas y mantiene a los trabajadores alejados de sus funciones, mientras continúa pendiente una solución institucional que permita recuperar la administración provincial.
