El sindicato llevó al Ministerio de Educación reclamos por salarios, infraestructura, trámites y violencia escolar. Además, busca reabrir el debate para incorporar otras representaciones gremiales a la discusión paritaria docente.
El gremio SUETRA volvió a plantear ante el Ministerio de Educación de la provincia una agenda que combina reclamos salariales, problemas de infraestructura escolar y distintas situaciones que afectan el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Entre sus principales demandas aparece además la intención de ampliar la representación sindical dentro de las negociaciones paritarias docentes.
El estado de algunos edificios ocupa un lugar central entre las preocupaciones del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina. Su representante en Tierra del Fuego, Sergio Mingrino, señaló en FM Ushuaia que realizan relevamientos y presentan los reclamos para procurar intervenciones antes de que los inconvenientes obliguen a interrumpir actividades. “La ausencia de reparaciones también puede generar un problema de seguridad”, sostuvo, al advertir sobre las consecuencias que pueden tener las demoras.
La situación edilicia formó parte de una reciente reunión con el ministro de Educación, junto con el deterioro salarial acumulado durante los últimos años. El gremio incorporó también dificultades administrativas y jurídicas que atraviesan los trabajadores, además de episodios de violencia registrados dentro de las instituciones educativas.
Frente a este último problema, SUETRA trabaja en una propuesta denominada Buenas Prácticas en las Relaciones Interpersonales, orientada a generar herramientas para intervenir ante conflictos de convivencia. La iniciativa busca abordar situaciones que repercuten tanto sobre los docentes como sobre los estudiantes y condicionan el desarrollo cotidiano de las actividades escolares.
Otro punto relevante de la reunión fue la integración de las paritarias. El sindicato pretende retomar la discusión sobre la ley provincial 424 para que las negociaciones no queden concentradas en una única representación gremial. Un proyecto impulsado anteriormente por diferentes organizaciones sindicales consiguió aprobación legislativa, aunque posteriormente fue vetado por el Poder Ejecutivo.
Mingrino indicó que el ministro manifestó su disposición a gestionar una reunión con el Gobernador para volver a analizar el tema. Al defender la incorporación de otras organizaciones a las negociaciones, afirmó que “en la pluralidad de las voces y de los pensamientos podemos llegar a un acuerdo”, y consideró que una mesa más amplia permitiría enriquecer la discusión salarial y laboral.
La organización también mantiene diferencias respecto de la duración de las medidas de fuerza. Si bien reconoce el paro y la movilización como instrumentos legítimos de reclamo, Mingrino marcó una posición sobre su utilización: “Estamos absolutamente de acuerdo con la herramienta. Lo que nosotros no acordamos es en los tiempos”, explicó. Desde su perspectiva, cuando los conflictos se prolongan pueden perder respaldo entre trabajadores y familias.
SUETRA no tiene actualmente convocado un paro provincial, aunque participó el 3 de agosto de una medida de alcance nacional. El reclamo salarial permanece vigente, pero el sindicato sostiene que también deben profundizarse las vías administrativas y jurídicas para procurar respuestas sin mantener una afectación prolongada de las clases.
A ese escenario se agrega la reducción de recursos nacionales destinados a la educación técnica. Para el gremio, el recorte tiene particular incidencia en Tierra del Fuego debido al vínculo de esta modalidad educativa con el entramado industrial y con la preparación de trabajadores destinados a fábricas y talleres.
En materia de infraestructura, Mingrino insistió finalmente en la necesidad de acortar los tiempos de intervención frente a cada inconveniente: “Lo que estamos reclamando es la pronta respuesta del Estado o del área que tiene que intervenir para solucionar ese problema”, afirmó. El sindicato considera que una actuación más rápida permitiría disminuir las suspensiones de actividades y evitar que desperfectos inicialmente menores terminen comprometiendo la seguridad de las comunidades educativas.
