Preocupación de Amnistía Internacional por la falta de cumplimiento de la Ley que garantiza el Aborto en Tierra del Fuego
La organización internacional Amnistía denunció el incumplimiento en Tierra del Fuego de la Ley 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo en base a información que presentó la organización de mujeres fueguina ¨La Hoguera¨, que venía alertando sobre los incumplimientos que se producen en el sistema de salud público de la ciudad de Río Grande.
La denuncia de Amnistía se hizo pública ayer ante la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales y el agravamiento de la situación que viven las mujeres que residen en la ciudad de Río Grande, ya que deben trasladarse hacia el Hospital Regional Ushuaia, en los casos en que requieren internación para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Está situación es aun más grave, ya que el único Hospital Público en Tierra del Fuego que garantiza la internación y la intervención médica para la interrupción voluntaria se encuentra sin prestar servicios por el incendio que se produjo el 7 de julio pasado.
El comunicado de Amnistía Internacional señala que ¨esto pone de manifiesto el mapa desigual en el acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Las mujeres que viven en centros urbanos alejados de las capitales provinciales aún no pueden acceder al aborto por la falta de disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado.“
Lo cierto es que el Hospital Regional Río Grande es el servicio hospitalario público que debería garantizar la realización de la práctica, pero no garantiza el derecho a la interrupción voluntaria, avalada por la ley 27.610. En su lugar, denuncia Amnistía, deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria donde no se garantiza la internación a la gestante.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señalo en el comunicado que la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública y ¨la persistencia de barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos los rincones del país” , argumentó.
La postura pública de Amnistía se produce en medio de un profundo silencio institucional ante el incumplimiento de la Ley que fue ampliamente trabajada por el colectivo de mujeres argentinas desde hace décadas. Además, deja en evidencia los contrastes que se vienen produciendo entre los discursos y posicionamientos que se pronuncian en Tierra del Fuego sobre paridad y no discriminación, a la par que la provincia ocupa los peores lugares a nivel nacional en cuanto a acceso efectivo a instancias de paridad.
El cumplimiento de los nuevos derechos adquiridos por los sectores más vulnerables sigue siendo una deuda pendiente no reconocida en lo más austral del país. En el caso de las mujeres, sin embargo, el discurso público dice mucho más que lo que hace.
Tierra del Fuego es una de las pocas provincias donde no existe Ley de Paridad y su Poder Judicial es el más desigual de la Argentina, según datos que fueron publicados en base a información de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Amnistía Internacional alertó que durante junio envió pedidos de acceso a la información pública a todos los ministerios de salud del país, incluido el de Tierra del Fuego, requiriendo datos sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso al aborto.
Y que dicha presentación fue reiterada ayer junto a una solicitud de reunión con las autoridades sanitarias locales, responsables de garantizar el acceso a ese derecho.
En medio, nada más y nada menos, está en juego la salud de la mujeres más vulnerables de Tierra del Fuego.
