Un trabajador de planta de la Dirección Provincial de Puertos cuestionó duramente la intervención de ANPyN en la estación portuaria de Ushuaia, objetó contrataciones realizadas durante la gestión y afirmó que no existen cambios que justifiquen la medida adoptada.
Gastón Castillo, personal de planta de la Dirección Provincial de Puertos, expresó su fuerte rechazo al modo en que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desarrolla su intervención sobre el puerto de Ushuaia. En diálogo con FM Ushuaia, sostuvo que los trabajadores provinciales se sienten desplazados y cuestionados pese a su experiencia y trayectoria.
“Nos sentimos bastardeados por la Agencia Nacional, que prácticamente diga que somos prescindibles para llevar adelante la administración en la operatoria portuaria”, manifestó Castillo, quien puso el foco en los más de 35 años de trabajo del personal provincial. Según planteó, la evolución de la actividad demuestra que los trabajadores no resultaron prescindibles, sino que fueron parte del crecimiento de la infraestructura portuaria.
El trabajador también cuestionó que, mientras se sostiene que una parte importante de la planta puede ser reemplazada, se incorporen personas para realizar tareas que ya cuentan con personal especializado. “Cómo será que hacemos falta que estén contratando gente para ocupar nuestros lugares”, planteó, y mencionó especialmente a los maquinistas, al señalar que la Dirección Provincial de Puertos cuenta con trabajadores “preparados y habilitados”.
La situación, según Castillo, también tendría consecuencias económicas. Consultado sobre la contratación de personal privado para tareas que podrían realizar trabajadores provinciales, respondió afirmativamente. Luego explicó que, desde su perspectiva, se estaría produciendo una duplicación de gastos porque “ellos están pagando algo que ya está pagando la DPP por otro lado”.
En ese marco, cuestionó el manejo de los recursos y afirmó que los salarios del personal provincial se mantienen actualmente con fondos ahorrados. “Hoy nuestros sueldos los estamos conservando gracias a que hay plata ahorrada. Porque en algún momento esto se va a acabar”, advirtió.
Otro de los cuestionamientos apuntó a la ausencia de diálogo y a la falta de respuestas frente a los pedidos de información. Castillo sostuvo que la intervención “no ha tomado contacto con nosotros” y consideró significativo que determinadas cuestiones hayan tenido que llegar a la Justicia. “Si esto fuese transparente, por la vía administrativa y la vía rápida, se podría haber remitido la documentación que ustedes solicitaron”, afirmó respecto al pedido de información cursado por El Diario del Fin del Mundo, que derivó en una resolución judicial obligando a la intervención a cumplirla.
Para el trabajador, esa situación alimenta las dudas sobre la administración. “A lo que hemos llegado, que tienen que ir a la justicia para que la justicia les ordene informaciones, es porque hay algo turbio, sin ninguna duda, que lo esconden”, expresó, aunque aclaró que se trata de su interpretación de lo ocurrido.
Castillo también manifestó preocupación por el futuro laboral de los trabajadores que permanecieron vinculados a la intervención. Según explicó, existiría la intención de incorporar personal bajo condiciones diferentes a las actuales. Luego advirtió que el objetivo sería abandonar el régimen de planta permanente y pasar a “un régimen precario”.
Finalmente, negó que la intervención haya producido mejoras visibles en la operatoria portuaria. “No hay nada, no hay ningún cambio realmente que justificara la supuesta urgencia”, afirmó. En su evaluación, la intervención tampoco habría demostrado resultados concretos que expliquen su desembarco en Ushuaia y concluyó que “de alguna manera se vinieron a llevar propiedad que es de la provincia de Tierra del Fuego. Y no hubo absolutamente ningún tipo de cambio”.
