INMOBILIARIO. La Provincia quedó habilitada para cobrar el impuesto tras el fallo de la Corte
En cumplimiento de la decisión judicial, Oscar Bahamonde, director Ejecutivo de la AREF, anunció que la provincia asumirá el cobro del impuesto inmobiliario. Aseguró para esta semana reuniones con los municipios para abordar los efectos económicos y cómo se implementará.
La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) tomará el control del impuesto inmobiliario después de que la Corte Suprema de Justicia definiera que su percepción corresponde a la esfera provincial y no municipal.
Oscar Bahamonde, director Ejecutivo de la AREF, así lo declaró, al tiempo que anunció que esta semana se convocará a reuniones con los representantes de las tres municipalidades para discutir cómo mitigar los impactos financieros de la medida.
Bahamonde rememoró la cronología del conflicto, desde que la Legislatura aprobó la ley en 2016, desencadenando un litigio judicial. Con el fallo de la Corte Suprema la semana pasada, concluyó la etapa judicial y se abrió paso al diálogo político entre los ejecutivos involucrados.
La disputa se originó cuando la AREF presentó una declaración de certeza para determinar qué entidad tenía las atribuciones sobre el impuesto inmobiliario. El Superior Tribunal falló a favor de la provincia en 2017, lo que llevó a los municipios a apelar ante la Corte Suprema, que finalmente estableció la competencia provincial.
El director de la AREF expresó su confianza en que el ministro convoque a reuniones la próxima semana con los representantes municipales para analizar las implicancias del fallo y buscar soluciones que beneficien a ambas partes.
“Espero que cada uno dé su postura y que, a través del diálogo en estas reuniones, podamos llegar a una solución que respete la posición de todos”, afirmó Bahamonde.
El fallo de la Corte Suprema abarcó no solo la facultad de la provincia para legislar sobre el impuesto inmobiliario, sino también la afectación de los recursos municipales y la autonomía de los municipios. El tribunal estableció que la Ley garantiza que los municipios mantengan la percepción de los recursos que ya venían recibiendo y participen del excedente en un 60%.
El director de la AREF hizo hincapié en que la pérdida de recursos no será significativa para los municipios, ya que dependen principalmente de los fondos de coparticipación. El fallo subrayó que la Ley no afecta los ingresos municipales y que, por tanto, la postura de los municipios no está fundamentada en una pérdida de autonomía real.
Ante esta nueva etapa política, Bahamonde confía en encontrar consensos y soluciones que permitan un acuerdo entre la provincia y los municipios, en aras de garantizar la sostenibilidad fiscal y el desarrollo de todas las jurisdicciones involucradas.
