El juez Gustavo González explicó que el abordaje judicial incorporó el impacto social, la soberanía y la defensa nacional como ejes centrales, superando una mirada estrictamente societaria y reafirmando el rol de los tribunales ante temas sensibles para la comunidad fueguina.
El tratamiento judicial del caso vinculado a la empresa Leolabs en Tierra del Fuego dejó como principal definición un criterio que trasciende lo estrictamente técnico para ubicar en el centro de la escena al interés público.
Más allá de la resolución concreta, el propio juez de la causa, Gustavo González, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 2, remarcó en FM Ushuaia que el análisis incorporó variables sociales, institucionales y estratégicas que forman parte del contexto en el que se inscribe el expediente, en una provincia donde determinadas discusiones adquieren una sensibilidad particular.
“Desde el punto de vista del tribunal trasciende el derecho societario”, afirmó el magistrado al explicar el alcance del razonamiento aplicado, y precisó que “el fallo también se funda, para llegar a la conclusión, en la ley de sociedades, en el Código Civil, en la Constitución Nacional, en Derecho Administrativo, y también en el interés social o el interés público que implica para la sociedad, en particular de Tierra del Fuego”. En ese sentido, sostuvo que la tarea judicial no puede limitarse a un análisis aislado de normas, sino que debe integrar el impacto que las decisiones generan en la comunidad.
“Los jueces también tenemos que tener en cuenta, al momento de fallar, el impacto social que puede implicar una resolución judicial”, expresó, al tiempo que vinculó este caso con la sensibilidad que existe en torno a la cuestión Malvinas y su presencia cotidiana en la agenda fueguina. “Ahí es donde se analiza a la luz del derecho societario y también a la luz del día a día de la realidad. Por eso llegamos a la conclusión que llegamos”, agregó, marcando el punto de contacto entre la técnica jurídica y el contexto social.
González aclaró que los elementos vinculados a la soberanía no fueron introducidos de manera autónoma por el tribunal, sino que surgieron del propio proceso. “Nosotros al fallar nos centramos en lo que dicen las partes… porque las partes instalan el tema de la soberanía”, explicó. A partir de esa base, el análisis incorporó informes de organismos nacionales que aportaron información relevante para dimensionar el caso. “Tenemos los informes del Ministerio de Defensa que nos dice que el radar tiene capacidad dual… entonces ahí es donde nosotros centramos y vemos que hay un interés público que tenemos que proteger”, indicó.
El juez subrayó que este aspecto resultó determinante en la construcción de la decisión. “La sentencia gira en torno a eso”, afirmó, y planteó que una interpretación ceñida únicamente al derecho societario habría conducido a otro resultado. “Si nos quedamos en lo netamente societario, desde el punto de vista del tribunal… la demanda tendría que haber sido rechazada”, señaló, evidenciando el peso que adquirió el análisis del interés público en el desarrollo del fallo.
En ese marco, también explicó por qué el tribunal adoptó una solución intermedia en lugar de avanzar sobre medidas más extremas. “¿Qué pasa si el jefe de gabinete hoy revierte la decisión? ¿Qué pasa si un juez dice que Leolabs puede operar?”, se preguntó, en referencia a las instancias administrativas y judiciales aún en curso. “Entonces, nosotros acá decimos ‘disolvamos y liquidamos la sociedad’ y resulta ser que después en Nación esa decisión se da vuelta y nosotros matamos una sociedad”, agregó, al justificar una decisión que contempló la dinámica institucional del caso.
El magistrado también puso en valor la necesidad de considerar el contexto administrativo previo y los mecanismos de control estatal. En ese sentido, advirtió sobre la importancia de fortalecer los procesos de evaluación en instancias como la Inspección General de Justicia. “Si yo soy Inspección General de Justicia y me llevan para inscribir una SRL que fabrica zapatos… pero si me llevan a inscribir una empresa que es un radar, por ejemplo nosotros no vimos ningún informe previo a la inscripción de ningún organismo estatal provincial que dictamine sobre la conveniencia o no”, señaló, al destacar la necesidad de procedimientos más rigurosos en situaciones de mayor complejidad.
Finalmente, González remarcó que el fallo se inscribe en un proceso judicial que demandó un análisis exhaustivo y que, pese a su complejidad, se resolvió en plazos que consideró razonables. “Estamos hablando de un expediente que tuvo sentencia de primera instancia más o menos al año y ocho meses”, explicó, y sostuvo que el funcionamiento del sistema judicial también debe evaluarse en función de su capacidad de respuesta. “Tenemos que tratar de dar una respuesta seria en un tiempo razonable y trabajamos todos los días en función de eso”, concluyó, destacando además el trabajo colectivo del equipo que integra el juzgado en un caso de alta sensibilidad pública.
