El referente fueguino Gabriel Ramonet explicó cómo se evaluó el caso presentado por El Diario del Fin del Mundo, por qué se ofreció al juzgado la posibilidad de responder y qué objeciones plantea la reserva completa del expediente.
La controversia comenzó cuando El Diario del Fin del Mundo acudió a la Justicia Federal para obtener información pública de la intervención portuaria y el juez Federico Calvete dispuso mantener bajo reserva el expediente. La medida, según Gabriel Ramonet, llevó a FOPEA a examinar una posible vulneración de la libertad de expresión.
En una entrevista con FM Ushuaia, el periodista y monitor de FOPEA en Tierra del Fuego explicó que su tarea fue reunir los antecedentes, escuchar a los afectados y comunicar el caso al juzgado.
Sobre el origen de la intervención, precisó: “El Diario hizo pública la decisión del juez Federico Calvete de mantener en reserva datos que son de información pública”, mientras la acción judicial buscaba que esos datos fueran entregados para su publicación.
El procedimiento contemplaba también la versión de la otra parte. Ramonet se comunicó con la secretaria privada de Calvete para ofrecer al juzgado la posibilidad de explicar su decisión. “Dijeron que sí, que iban a hacer un descargo. Pidieron un tiempo. Se lo otorgamos, pero finalmente no recibimos ninguna respuesta”, relató. Más adelante aclaró que se trató de una comunicación directa: “no se trata de una denuncia formal, sino que es un hecho público por el que FOPEA actuó”.
Las consultas del juzgado, recordó, se centraron primero en el alcance de la intervención y luego en el plazo disponible para responder. Ramonet indicó que ofreció al menos 24 o 48 horas. El descargo no llegó y tampoco obtuvo la explicación que esperaba: “Me quedé también con las ganas de saber por qué habían decidido esto, pero no hubo ninguna respuesta”.
Con esas actuaciones, elevó el caso a la coordinación nacional del programa de monitoreo. Allí podía desestimarse o dar lugar a un comunicado. FOPEA optó por emitirlo y registrar el episodio para su informe anual. Ramonet distinguió el alcance de esa decisión: “Lo que se está defendiendo acá es la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados”.
El punto central de su cuestionamiento es la amplitud de la reserva. La información solicitada comprende, entre otros datos, nóminas de funcionarios y remuneraciones. Si alguna parte del expediente exigía protección, sostuvo Ramonet, el juez podía apartarla y permitir el acceso al resto: “Puede perfectamente el juez reservar ese dato particular y difundir el resto”. A su juicio, esa alternativa no fue aplicada.
Para el monitor, la restricción debía tener un fundamento específico. Resumió el criterio que considera aplicable con dos palabras, “excepcional y fundado”, y desarrolló su alcance: “Si no vas a dar a conocer cierta información que es pública, tenés que decir por qué”.
Gabriel Ramonet espera que el juez Federico Calvete revise la medida, porque considera que la resolución del caso puede orientar futuras solicitudes de acceso a información pública en Tierra del Fuego.
