Tras la respuesta de ANPyN, el abogado de los trabajadores denunciantes sostuvo que no fueron refutados los principales hechos denunciados. Solicitará una inspección dentro del puerto y buscará acelerar la producción de pruebas para llegar a sentencia.
El expediente por violencia laboral, discriminación y presunta corrupción que se tramita ante el Juzgado Federal de Ushuaia avanzó hacia una nueva etapa luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación presentara su contestación al planteo formulado por dos trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos. La causa analiza, entre otros aspectos, las restricciones de ingreso a la terminal, las condiciones laborales durante la intervención y el destino de los recursos generados por la actividad portuaria.
Manuel Raimbault, abogado patrocinante de las demandantes, sostuvo que la respuesta del organismo nacional fue “más política que técnica” y señaló que, a su entender, no logró contradecir varios de los hechos incluidos en la presentación inicial. “No controvierte ni argumenta en contra de las razones que se pusieron de por qué es ilegítima la intervención, de por qué hay una discriminación, de por qué es ilegítimo que los trabajadores no puedan entrar”, afirmó en FM Ushuaia.
El planteo también incluye cuestionamientos por la falta de controles administrativos, el desplazamiento de personal y la aplicación del convenio colectivo. Según explicó Raimbault, existen registros y actuaciones notariales que permitirían acreditar distintas situaciones denunciadas, mientras que la contestación de ANPyN tampoco desconocería que esos hechos se produjeron.
Con esa respuesta ya incorporada al expediente, la representación de las trabajadoras buscará ahora que se avance con las medidas probatorias todavía pendientes. “En el día de la fecha vamos a pedir que se provea la prueba que está pendiente, en especial el reconocimiento judicial de lo que está sucediendo y la reconstrucción del hecho”, adelantó.
La intención es que la Justicia pueda verificar de manera directa las condiciones existentes dentro de la terminal. Luego de esa instancia, Raimbault anticipó que solicitarán concentrar la producción de pruebas en un período breve. “Vamos a pedir una audiencia para que en tres días se produzca toda la prueba y posteriormente se dicte una sentencia”, explicó. En caso de que ese mecanismo no sea aceptado, indicó que igualmente procurarán obtener una resolución “lo más pronto posible”.
Uno de los aspectos centrales del expediente está relacionado con la recaudación generada por el puerto. Ante una consulta sobre los ingresos provenientes del uso del muelle, los espacios y la maquinaria, Raimbault señaló que ANPyN no negó que esos fondos permanezcan bajo administración de la intervención mientras el pago de los salarios continúa siendo afrontado por la Provincia.
“Está absolutamente probado que es así”, sostuvo el letrado. Agregó que la información aportada por la Dirección Provincial de Puertos mostraría que las cuentas del organismo provincial no reciben los recursos que, según el planteo judicial, deberían ingresar por esas operaciones.
Para el abogado, ese capítulo de la controversia podría trascender el reclamo originalmente presentado por las trabajadoras. Consideró que la retención y transferencia de esos recursos “está en las fronteras de una cuestión penal” y planteó la necesidad de establecer qué ocurrió con el dinero desde el inicio de la intervención.
“Nos va a quedar qué sucedió en el camino, cómo se administró, cómo se invirtió, cómo se rinde cuentas”, afirmó. Raimbault también cuestionó la falta de información disponible sobre esos movimientos y sostuvo que la discusión judicial podría continuar aun después de una eventual resolución sobre la situación laboral de las demandantes. Con la contestación de ANPyN incorporada formalmente a la causa, la próxima etapa estará centrada en la producción de prueba y en el pedido de reconocimiento judicial dentro del puerto. Cumplido ese trámite, la representación de las trabajadoras pretende que el expediente quede en condiciones de avanzar hacia una sentencia sobre los reclamos planteados y las responsabilidades discutidas durante la intervención.
