El legislador Lapadula analizó los principales asuntos previstos para este miércoles, expresó sus expectativas sobre el financiamiento educativo y la expropiación de tierras, y evaluó las posibilidades de abordar la deuda por coparticipación.
La sesión de este miércoles en la Legislatura de Tierra del Fuego se presenta con una agenda relativamente acotada, aunque atravesada por asuntos de considerable relevancia política y económica. El legislador Matías Lapadula, de Provincia Grande, anticipó un debate centrado en el financiamiento educativo, la incorporación de tierras de la Margen Sur al régimen de expropiación y las dificultades financieras que atraviesan los municipios.
En declaraciones a FM Ushuaia, consideró que “es una sesión donde hay pocos temas, en cuanto a volumen”, aunque destacó la existencia de dictámenes pendientes, especialmente el correspondiente al macizo 67 de Río Grande, cuya incorporación a la ley de expropiación cuenta con el acompañamiento de su bloque.
La aprobación de esa iniciativa aparece entre las posibilidades más concretas de la jornada. Sin embargo, el parlamentario diferenció la sanción legislativa de su posterior ejecución, al recordar que existe una normativa anterior que lleva siete años sin concretarse. Sobre las perspectivas actuales advirtió: “Lo veo muy difícil”, debido a las restricciones presupuestarias provinciales.
Su acompañamiento, explicó, estará acompañado de un seguimiento de las actuaciones administrativas necesarias para concretar la expropiación. La preocupación es evitar que la nueva declaración de utilidad pública termine sin resultados efectivos para los productores.
El escenario resulta más incierto respecto del proyecto de financiamiento educativo, cuyo tratamiento de urgencia está próximo a vencer. Lapadula insistió en la necesidad de retirar ese procedimiento y continuar el análisis parlamentario, al considerar que “es un tema demasiado complejo como para avanzar en 30 días”.
La principal dificultad, según su evaluación, reside en la distancia entre los objetivos de la iniciativa y los recursos previstos. El legislador señaló que la recaudación adicional estimada ronda los $9.000 millones anuales, frente a un presupuesto educativo provincial de $600.000 millones.
También rechazó la alternativa de eliminar los incrementos tributarios sin modificar sustancialmente el proyecto. En ese caso, planteó que “lo que necesitamos es dar una solución a los docentes”.
Respecto de las posiciones de otros bloques, manifestó su expectativa de alcanzar los votos necesarios para retirar la urgencia. Lapadula interpretó que algunos legisladores pudieron considerar inicialmente que ese mecanismo aceleraría los acuerdos, aunque sostuvo que los problemas estructurales requieren una discusión más amplia.
Su propuesta consiste en vincular el financiamiento educativo con el tratamiento presupuestario general y otras iniciativas tributarias. Según explicó, “creo que hay que sentarse y analizar todo en conjunto”, evitando modificaciones parciales que dificulten establecer prioridades de gasto.
Otro asunto potencialmente conflictivo es la deuda por coparticipación. Aunque reconoció la gravedad del problema, descartó inicialmente su tratamiento inmediato: “No creo que vayamos a tratar el tema de coparticipación”, y recordó que propuso comenzar su análisis en la Comisión de Presupuesto.
Lapadula mencionó una deuda de $18.000 millones con Río Grande y expresó preocupación por sus consecuencias sobre el funcionamiento municipal. También consideró necesario examinar la distribución de obras y convenios provinciales.
Finalmente, ante la posibilidad de introducir iniciativas sobre tablas, mantuvo una posición cautelosa: “No creo”, aunque admitió que determinados asuntos podrían surgir durante la sesión. Su expectativa inmediata es instalar formalmente la discusión sobre los compromisos financieros pendientes y avanzar en soluciones mediante el trabajo legislativo.
