El presidente de la Dirección de Puertos cuestionó la falta de avances, denunció contrataciones con presuntos sobreprecios y advirtió sobre inconsistencias en licitaciones, mientras reclama la restitución del puerto de Ushuaia y la reincorporación de 140 trabajadores.
A nueve meses de la intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, Roberto Murcia cuestionó la falta de avances en materia de infraestructura, puso en duda los argumentos que justificaron la medida y advirtió sobre irregularidades en los procesos de contratación. El presidente de la Dirección Provincial de Puertos consideró que se mantiene el mismo escenario desde el inicio y alertó sobre la posibilidad de una prórroga de la intervención.
En diálogo con FM Ushuaia, Murcia agradeció a los sindicatos que se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el fin de la intervención y sostuvo: “Estamos realmente impactados, vemos que continúa el relato desde el día número uno”. Según explicó, la Provincia, la Fiscalía de Estado y la Dirección Provincial de Puertos mantienen causas ante el máximo tribunal y realizan un seguimiento diario, aunque “no hemos detectado ningún avance”.
Al evaluar los resultados de estos nueve meses, el funcionario cuestionó los argumentos vinculados con la seguridad y la infraestructura portuaria: “El primer día, manifestando todas las inseguridades que tenía el puerto, recibieron al crucero más grande que opera en la ciudad de Ushuaia. A cuatro horas de la intervención”. Para Murcia, desde entonces “no ha cambiado nada”, más allá de la pintura de sendas peatonales y de licitaciones que calificó de “precios exorbitantes” y que la Provincia impugnó.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las contrataciones y a las especificaciones de los procedimientos administrativos. Murcia aseguró que la Dirección Provincial de Puertos sigue cada licitación y contratación abreviada, y denunció dificultades para acceder a información y obtener respuestas a las impugnaciones presentadas. Entre los ejemplos, mencionó una licitación de limpieza que incluye “terrazas y balcones” y planteó: “decime en qué parte del puerto hay terrazas y balcones, o sea cómo no se va a impugnar, cosas que dicen que no están”.
También cuestionó las intervenciones sobre las defensas del muelle y las reparaciones en el sector de catamaranes. Según indicó, las defensas que se están colocando son de características similares a las instaladas en 1998, mientras que la Provincia ya tenía previsto reparar el muelle durante la temporada baja. “Eran los fondos que en este momento yo estoy utilizando para pagarle los salarios a los trabajadores”, señaló.
La situación de los 140 empleados impedidos de ingresar a sus puestos constituye otro de los ejes de su reclamo. Murcia sostuvo que personal privado realiza tareas con equipamiento de la Dirección Provincial de Puertos, mientras los trabajadores permanecen fuera de las instalaciones. “El puerto es de la provincia de Tierra del Fuego y no hay duda”, remarcó, al recordar que las inversiones posteriores a la transferencia de 1992 se financiaron con recursos provinciales.
De cara al vencimiento previsto para el 21 de enero, el titular de Puertos consideró que la intervención busca reunir argumentos para extenderse. “Creo que eso es lo que ANPyN está buscando, no tengo ningún tipo de duda”, afirmó. No obstante, destacó las gestiones del gobernador y señaló que la mejora en la relación con el Gobierno nacional podría abrir otra vía de resolución: “Espero que también ese pueda ser un camino de resolver el conflicto independientemente de lo jurídico”.
