El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisiones y será tratado el 28 de octubre. La iniciativa busca regularizar la situación de productores asentados en tres parcelas, mediante la intervención provincial y posterior adjudicación de terrenos.
La Legislatura de Tierra del Fuego avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación tres parcelas del macizo 67, ubicadas en la Margen Sur de Río Grande. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo dictamen mayoritario en las comisiones de Economía y Recursos Naturales, y apunta a resolver una prolongada situación de inseguridad jurídica que afecta a numerosos productores de la zona.
La legisladora provincial Myriam Martínez (Forja) explicó en FM Ushuaia que el asunto 552/26 comprende las parcelas 1, 2 y 3 de la sección K, donde funcionan numerosas chacras. Recordó que estos terrenos habían quedado excluidos de la ley 1287 debido a un conflicto judicial que finalmente fue resuelto, circunstancia que permitió retomar el procedimiento de regularización.
La parlamentaria destacó la importancia del avance legislativo, aunque aclaró que la aprobación de la norma no significará una escrituración inmediata. Según explicó: “Es un largo camino, pero ellos estaban muy angustiados porque tenían muchas denuncias, no tenían paz”, y consideró que la nueva herramienta permitirá equiparar su situación con la de otros chacareros comprendidos en la legislación vigente.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el mecanismo de adquisición de los inmuebles. Las tierras pertenecen a propietarios privados, por lo que el Estado provincial deberá comprarlas mediante el procedimiento expropiatorio y posteriormente recuperar los fondos a través de su adjudicación a los ocupantes que cumplan los requisitos.
Martínez fue categórica al aclarar que los beneficiarios deberán afrontar el costo correspondiente: “No es que el Estado les va a regalar la tierra, ellos van a pagar por su tierra”. Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo sigue siendo financiero: “El principal inconveniente son los recursos”, dado que la Provincia necesita disponer previamente del dinero para concretar las operaciones.
La valuación deberá actualizarse mediante el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Durante la entrevista, Martínez mencionó antecedentes de tasaciones realizadas años atrás y explicó que los valores actuales todavía deben determinarse.
También señaló que el ministro de Producción, Francisco Devita, planteó la posibilidad de obtener financiamiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), mediante un proyecto vinculado con la actividad productiva.
La instrumentación administrativa estará a cargo del Instituto Provincial de Vivienda, que intervendrá en la regularización y registración de las mensuras. El proyecto contempla superficies productivas de entre 2.500 y 10.000 metros cuadrados, destinadas a actividades de pequeña escala.
También establece un tratamiento diferenciado para quienes ocupan terrenos sin desarrollar actividades productivas. En esos casos, Martínez explicó que se prevé delimitar superficies de 300 metros cuadrados para uso residencial, dejando el excedente disponible para otras adjudicaciones vinculadas con los objetivos de la ley.
Otro paso indispensable será actualizar el relevamiento de ocupantes y explotaciones existentes. La legisladora reconoció que la información disponible podría encontrarse desactualizada y anticipó modificaciones en el funcionamiento de la Comisión de Chacras, con participación de los propios productores y organismos competentes.
La intención es acelerar un procedimiento que acumula años de demoras, particularmente porque numerosas familias realizaron inversiones importantes sin contar todavía con títulos definitivos. Martínez estimó que “el 90% ha sido una inversión que ha realizado cada uno de ellos”, al destacar el esfuerzo económico sostenido por los ocupantes.
El debate legislativo también expuso diferencias respecto del financiamiento. Martínez relató que el legislador Damián Löffler cuestionó la emisión del dictamen sin conocer previamente el costo actualizado de las tierras ni el origen de los recursos. Frente a esa objeción, defendió el avance parlamentario: “Lo que estábamos generando es la herramienta para que proceda el trámite”, y sostuvo que corresponderá al Ejecutivo definir posteriormente los mecanismos presupuestarios.
Con dictamen mayoritario, la iniciativa llegará a la sesión prevista para el 28 de octubre. Su eventual aprobación habilitará una nueva etapa administrativa, aunque la adquisición, regularización y adjudicación definitiva de las tierras dependerán de la disponibilidad de fondos, la actualización de las mensuras y el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada ocupante.
