PREVENCIÓN DE TORTURA. El Comité Nacional concluyó la inspección en las cárceles fueguinas

Josefina Ignacio, una de las comisionadas, explicó los alcances del órgano y las características de su trabajo. Apuntan al diagnóstico y prevención de torturas y malos tratos. El informe que elaborarán en lo inmediato, es confidencial.

Pasó por Tierra del Fuego el Comité Nacional para la prevención de la Tortura. Es un organismo nacional que recorre todos los establecimientos carcelarios y de encierro en sus distintas modalidades de cada provincia. Su objetivo es colaborar con las autoridades locales y federales, para mejorar y controlar las condiciones para evitar situaciones de maltratos y torturas.

Josefina Ignacio, una de las comisionadas del órgano, por FM Master’s reflejó algunos pormenores de la visita, en realidad un acompañamiento al trabajo del comité local, que por primera vez desde su creación recorre distintas dependencias de la provincia cumpliendo con su facultad de hacer inspecciones, para luego elevar un informe con recomendaciones a las autoridades de la jurisdicción.

Explicó Josefina que estos organismos de control tienen como objetivo “trabajar de manera articulada y colaborativa con las autoridades. No somos un organismo que entra en una cárcel a partir de una situación o denuncia determinada. Trabajamos en la prevención”, con la idea de llegar antes que ocurran hechos de torturas o maltratos graves que obliguen a una denuncia.

La comisionada evadió compartir su opinión luego de las visitas a los establecimientos carcelarios tanto en Ushuaia como en Río Grande, por cuanto “la Ley nos dice que debemos hacer una inspección, luego un informe que se debe enviar a las autoridades de la provincia y recién se hace público. No puedo adelantar lo que vi en esta recorrida, además lo tiene que informar primero el comité local” se excusó.

Pero, sí aceptó dar a conocer su parecer sobre una anterior visita del año pasado, cuyo informe está publicado, en donde recordó señalamientos en “cuestiones vinculadas a lo edilicio. Notamos una gran diferencia entre la unidad penal de Río Grande, un lugar más nuevo y mejor mantenido, respecto de los lugares en Ushuaia”.

En su abordaje de la situación a nivel nacional, Josefina Ignacio consignó que la mayor preocupación, de la que no escapa Tierra del Fuego, es la sobrepoblación: “Los índices de encarcelamiento van subiendo año a año” justificó, y lo explicó en tres factores: “Hay una política criminal del Estado de encarcelamiento masivo, cada vez se encierra a más gente, cada vez hay más delitos tipificados que determinen que hay que detener y encerrar a una persona; segundo, hay un abuso de la prisión preventiva, hay mucha gente esperando condena encerrada, cuando podría estar esperando en sus casas; tercero, por el dictado de leyes regresivas o por cierta presión sobre los jueces, hay muy poco uso de los institutos liberatorios que la ley de ejecución señala”.

En definitiva, su análisis lo resumió en el hecho que “hay un embudo, entra mucha gente y sale muy poca. Eso produce sobrepoblación carcelaria”.

Puntualmente refirió que Tierra del Fuego tiene un exceso de población carcelaria en relación con su capacidad edilicia. Pero relativizó la situación comparativa local cuando “en otras jurisdicciones, en algunas cárceles produce hacinamiento, sobre todo en comisarías. En Buenos Aires hay gente viviendo durante meses y a veces llegan al año en lugares preparados para alojar a tres o cuatro personas, donde hay 12 o 15 viviendo hombro con hombro, hacinados, no pueden todos dormir a la vez”.

Aportó el dato positivo de que, en nuestra provincia, “no encontramos personas detenidas en comisarías, y eso está muy bien”. Y que, pese a la superpoblación, ese hacinamiento que describe en otros distritos, “aún en Tierra del Fuego no lo hemos visto”.