OBRAS PÚBLICAS. Duro revés para el intento de la Ministra Gabriela Castillo de contratar empresas “flojitas de papeles”
La Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, estableció que solo se requerirá inscribirse en el registro de obras públicas “cuando la especificidad técnica lo requiera”. El Tribunal de Cuentas calificó de ilegal el acto administrativo.
Argumentando “Que, en la actualidad debido a los constantes incrementos en los costos de las construcciones, y las alzas constantes en los rubros respectivos, el Estado provincial debe contemplar esta situación a fin de garantizar la generación de empleo genuino y la participación de las pequeñas y medianas empresas constructoras que desarrollen su actividad en la provincia” la Ministra Gabriela Castillo eliminó el requisito de inscribirse en el registro de constructores permitiendo que empresas y particulares sin solvencia económica ni experiencia previa puedas ser adjudicatarios de obras públicas.
Desde diciembre del 2019 son varios los proveedores del Estado a los que la gestión Melella les adjudica contrataciones a solo semanas de inscribirse en la AFIP, pero en el caso de las obras públicas la norma requiere la inscripción en un registro nacional lo que generaba un freno a las intenciones de Castillo de adjudicar empresas “flojitas de papeles” como el caso de Ciro Bruno Sevilla que a pesar de encontrarse en situación de deudor irrecuperable en el sistema financiera y con pedidos de ejecución de bienes a su nombre fue adjudicado por Gabriela Castillo en forma directa por $7.6 millones para la distribución de agua en la Margen Sur por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en base a otra dudosa declaración de emergencia dispuesta a nivel provincial.
Para continuar con este esquema de contrataciones luego de la vigencia de la emergencia Castillo decidió directamente eliminar todo requisito sobre la capacidad económica financiera de los proveedores de obras públicas.
Siendo deudor irrecuperable Ciro Sevilla fue contratado por Gabriela Castillo por 7,6 millones de pesos para “disftribuir agua”.
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Tratando de eliminar este obstáculo la Ministra de Obras y Servicios Públicos dictó la Resolución N° 352/2022 estableciendo “que para las obras públicas que se
ejecuten en el ámbito de la provincia sólo será requisito indispensable acreditar la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y la
respectiva constancia que acredite su capacidad económico financiera de contratación cuando la especificidad técnica lo requiera; para lo cual el área técnica correspondiente será la encargada del análisis determinante; ello hasta tanto se apruebe el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas instrumentando el mecanismo de evaluación de las capacidades de la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos“
Luego de un pormenorizado análisis del área legal del Tribunal de Cuentas, los vocales emitieron la Resolución Plenaria N° 178/22 instando “a la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Prof. María Gabriela CASTILLO a que proceda a la derogación de la Resolución MOySP N° 352/2022, en los términos del artículo 157 de la Ley provincial N” 141, haciéndole saber que cada acto administrativo de alcance particular en el que se aplique dicha normativa, será oportunamente observado legalmente por parte de este Órgano de Control” y que “en caso de incumplimiento de lo dispuesto (sic) , se girarán los antecedentes a la Fiscalía de Estado con el objeto de que tome la intervención que le compete en los términos del articulo 167 de la Constitución Provincial y del artículo 10 de la Ley provincial N” 3.”
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Fideicomisos, el primer intento para evadir controles
La gestión Melella pretendía constituir dos fideicomisos, uno cediendo 65,21 millones de dólares, y otro por 25,9 millones de dólares, provenientes del endeudamiento en el exterior generado por la ex gobernadora Rosana Bertone con destino específico a obras de infraestructura.
La Fiscalía de Estado exigía que el BTF debía elaborar un plan de inversiones y un cronograma de ejecución de las mismas. También desde el Tribunal de Cuentas hubo intimaciones a los funcionarios del Banco Provincia por negarse a brindar la información requerida.
Durante el 2021 la Ministra Gabriela Castillo intentó evadir los controles del Tribunal de Cuentas mediante fideicomisos que fueron observador por el organismo de control y por la Fiscalía de Estado
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También hacía mención a la “riesgosa transferencia de responsabilidades de los Ministerios de Finanzas Públicas y de Obras y Servicios Públicos, en Ia medida que a través de tales instrumentos se podrían terminar ejerciendo misiones y funciones inherentes a ambas jurisdicciones, terciarizando las competencias propias que ya se encuentran sancionadas y reglamentadas por distintas dependencias del Poder Ejecutivo y de los entes que de éI dependen», anticipaba el organismo de control.
En un dictamen suscripto en 2021, la Fiscalía de Estado había sostenido que si bien los fideicomisos eran posibles, el gobierno debía garantizar “los principios de transparencia, publicidad y difusión que permitan controlar” su funcionamiento, teniendo en cuenta la magnitud de los recursos económicos en juego.
“Tratándose de fondos estatales, cualquier régimen que se adopte respecto de los contratos a celebrarse en el marco de los fideicomisos públicos provinciales debe estar informado como mínimo por los principios de transparencia, publicidad y difusión que permitan controlar la razonabilidad de los criterios empleados por el fiduciario para llevar a cabo su gestión”, afirmó el fiscal de Estado adjunto, Maximiliano Tavarone en aquel dictamen.
Ante la ola de observaciones, finalmente la gestión Melella desistió del mecanismo en otra muestra de falta de rumbo y desconcierto sobre cómo gestionar políticas públicas.
