Aparato del odio: El Tribunal de Cuentas investiga la publicidad oficial en portales usados para escrachar opositores

El Tribunal de Cuentas de la provincia inició una investigación administrativa para determinar si existe perjuicio fiscal en la contratación de publicidad oficial por parte del Gobierno de la provincia en sitios de noticias anónimos o relacionados con la propia gestión, que después son utilizados para escrachar a periodistas o a dirigentes opositores.

La investigación deriva de una presentación efectuada por el integrante de la Asociación Participación Ciudadana, Guillermo Worman, ante la Fiscalía de Estado, a fines del año pasado.

El organismo de control dirigido por Virgilio Martínez de Sucre fue el que resolvió remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas ante la presunción de perjuicio fiscal.

Las actuaciones involucran particularmente al secretario de Comunicación Pública, Digital y Medios, Jorge Canals, como máximo responsable de las contrataciones publicitarias en el estado.

Uno de los sitios apuntados es Guanaco Sur quien desde agosto del año pasado se dedica a escrachar con distintas injurias al propio Worman y a periodistas como Gabriel Ramonet y su núcleo familiar.
Si bien el sitio tiene muy poca audiencia, sus responsables invierten dinero en las redes sociales para promocionar el escrache, que de esta forma llega a miles de fueguinos en un solo día.

El mismo sitio anónimo, dado que nadie se identifica como editor responsable ni firma las notas, tiene como único anunciante al gobierno de la provincia.
Ante el pedido de Worman para que se identifique al titular de este sitio, Canals contestó que “la persona jurídica propietaria del sitio web es la empresa DATTATEC.COM. S.R.L”, pero que la persona que presenta la facturación es “Juárez Alejandro C.U.I.T. Nº 20-26329891-9”, aunque “esa facturación fue anulada debido a que se produjo un cambio en el proveedor para la contratación de la pauta publicitaria, quedando la misma a nombre de Brana Diego Ignacio C.U.I.T. Nº 20-26752009-8”.

Es decir que el Estado provincial pautó publicidad en un sitio sin personas responsables a cargo, que figura a nombre de una empresa pero que factura a través de un particular que además cambió por otro en el medio.

Según registros oficiales, Dattatec es una empresa de servicios informáticos con sede en Rosario, Santa Fe, que fue contratada en al menos cuatro oportunidades por el Municipio de Río Grande entre 2012 y 2017, cuando el actual gobernador era intendente de esa ciudad.
El sitio “Guanaco Sur” fue abierto para la campaña política de la elección a gobernador de 2019 y se dedica a replicar gacetillas y noticias solo favorables al gobernador Melella.

A partir de ello y de los pedidos de acceso a la información formulados por Worman, fue posible reconstruir cómo opera una verdadera red de este tipo de sitios y de perfiles de Facebook y Twitter (la mayoría falsos) dedicada a hostigar a periodistas y dirigentes opositores.

Veamos, como prueba, un ejemplo más: el portal de noticias www.polosurtdf.com.ar que figura a nombre de la empresa SOLETO S.A.S. a quien representa Jonatan Pérez Bustos, hijo del empresario y titular de la consultora Neodelfos, que asesoró al gobernador Melella durante la campaña a la gobernación.

Según documentación oficial, mientras Polosur recibe pauta oficial del gobierno desde marzo de 2020, Neodelfos fue contratada por el mismo gobierno (por un monto de $300 mil) para realizar el relevamiento de la audiencia de los medios de la provincia durante 2020, en el que luego se basa el mismo gobierno para distribuir la pauta oficial. Este sitio es otro de los que luego se dedica a hostigar a periodistas y opositores.

De todos modos, la investigación administrativa intentará demostrar, solamente, si existió o no perjuicio fiscal en la contratación de publicidad oficial en los sitios de Internet cuestionados. Nada dirá sobre el objetivo más profundo de la campaña de desprestigio hacia voces disidentes que persiguen este tipo de modalidades, valiéndose de la multiplicación y replicación de sus contenidos en las redes sociales.

Ante ello, los periodistas independientes fueguinos, y en general los dirigentes sociales o políticos opositores, se encuentran indefensos y condenados, ya no solo a la discriminación publicitaria, sino a esta nueva suerte de mecanismos que ponen en riesgo la libertad de expresión como nunca antes había sucedido en la provincia.