El titular de ATE fue condenado a cinco años de prisión efectiva junto a Miguel Arana por la causa por irregularidades en un plan habitacional para afiliados. Tras el fallo, rechazó los cargos, cuestionó a la Justicia y sostuvo que continuará con su defensa.
La condena a cinco años de prisión efectiva impuesta a Carlos Córdoba y Miguel Arana por 22 hechos de estafa vinculados a un programa de viviendas destinado a afiliados de ATE generó repercusiones en el ámbito sindical y político de Tierra del Fuego, en un caso que se convirtió en uno de los más relevantes de los últimos años.
Luego de conocerse la sentencia y antes de ser trasladado a una unidad de detención, el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, rechazó las acusaciones en su contra, aseguró que no participó de maniobras irregulares y consideró que la causa tiene motivaciones ajenas a los hechos investigados.
“Yo la verdad no tengo nada que ver. Estoy muy tranquilo por todo lo que hice y por todo el trabajo que realizamos para que los compañeros tengan convenio colectivo, salarios dignos y acceso a una vivienda”, expresó el dirigente sindical al referirse al fallo.
La resolución judicial puso fin al juicio oral que analizó las maniobras denunciadas en torno a la adjudicación de viviendas sociales para afiliados del gremio estatal. Según la acusación, se produjeron cobros indebidos y compromisos de acceso a soluciones habitacionales que no llegaron a concretarse.
Durante sus declaraciones públicas, Córdoba también cuestionó el accionar de la Justicia y vinculó la condena con sectores de poder político. “El poder hace esto. Meter preso o señalar a otros por lo que está pasando. La Justicia tiene que resolver si está del lado de quien corresponde o del lado del poder”, manifestó.
Tras conocerse la sentencia, el Consejo Directivo Provincial de ATE difundió un comunicado en respaldo al dirigente y destacó que el fallo todavía no se encuentra firme, por lo que podrá ser revisado por tribunales superiores mediante los recursos previstos por la defensa.
Desde la conducción sindical también señalaron su preocupación por las implicancias que la situación podría tener sobre la integridad física, moral e institucional de Córdoba.
Por su parte, el secretario general ratificó que continuará sosteniendo su postura en las próximas instancias judiciales y agradeció el acompañamiento de familiares, afiliados y dirigentes del gremio. “Hay que seguir luchando. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir dando todo para obtener los beneficios que necesitan los trabajadores”, afirmó.
Mientras se aguardan las apelaciones de las defensas, la causa seguirá su curso en instancias superiores, en un expediente que mantiene fuerte impacto dentro del escenario sindical fueguino.
