La Fiscalía de Estado respaldó los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Junta de Clasificación de nivel secundario. AMET reclamó normalizar el organismo, convocar elecciones y evitar nuevos perjuicios en las carreras de los docentes fueguinos.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) renovó sus cuestionamientos contra la Junta de Clasificación de nivel secundario, luego de que la Fiscalía de Estado reconociera irregularidades y problemas estructurales en su funcionamiento. El sindicato advirtió que las demoras y decisiones arbitrarias afectan el puntaje, el acceso a horas y la posibilidad de ascender a cargos jerárquicos.
En declaraciones a FM Ushuaia, el secretario general de AMET, Juan Carrizo, explicó el origen de la presentación: “Venimos trabajando hace un par de años con estas situaciones, acumulando casos de descontentos de docentes que se sienten perjudicados por las decisiones arbitrarias de la Junta”, y señaló que, ante la falta de respuestas ministeriales, el gremio recurrió a la Fiscalía.
El dictamen recibido por AMET la semana pasada confirmó, según Carrizo, aquello que la organización venía denunciando, y emplazó al Ministerio de Educación a corregir el funcionamiento del organismo. La intervención se produjo después de recopilar casos testigos y acompañar reclamos administrativos que, en numerosas oportunidades, demoraron varios meses.
Carrizo describió las consecuencias concretas de esos plazos: “La Junta, cuando uno le presenta un reclamo, no lo resuelve en forma inmediata y el docente pierde meses”. Durante ese lapso, agregó, “el docente perdió de tomar cargos, perdió de hacer labores. Termina perjudicado en su carrera y en sus cuestiones laborales”, aun cuando posteriormente obtenga una resolución favorable.
Otro de los cuestionamientos apunta a que la Junta habría excedido sus competencias al establecer diferencias que no figuran en la normativa para profesionales con certificación docente. “La Junta lo que tiene que hacer es clasificar el título, los cursos y todo lo que haga para sumar puntaje”, precisó el dirigente, mientras que la Comisión Provincial de Títulos es la encargada de determinar las incumbencias y habilitaciones correspondientes.
Según expuso, profesionales universitarios y técnicos superiores con formación pedagógica son reconocidos como docentes para dictar espacios curriculares, pero quedan postergados para ocupar cargos directivos. Carrizo remarcó que “esa distinción no está escrita en ningún lado, no está en el título, no está en las resoluciones, no está en el estatuto docente”, por lo cual consideró indispensable revisar ese criterio.
La situación institucional también forma parte del reclamo. La Junta fue conformada en 2010 y debía renovarse cada tres años, pero desde entonces no hubo nuevas elecciones. “Los que iniciaron la Junta en 2010 al día de hoy están prácticamente todos jubilados”, indicó Carrizo, quien afirmó que posteriormente “han ido poniendo gente a dedo” para conservar el funcionamiento vigente.
Frente a ese escenario, AMET sostiene que la solución requiere normalizar el organismo y devolver su integración a la decisión del sector docente. “La propuesta nuestra es que se hagan llamadas elecciones urgentes y que sean los trabajadores los que definan quiénes son los que nos van a representar en la Junta”, concluyó Juan Carrizo.
