Intervención al puerto de Ushuaia

Portuarios reclaman recuperar sus puestos y sus derechos

Ago 21, 2026 | Gremiales

Trabajadores desplazados desde la intervención del puerto de Ushuaia denunciaron siete meses de incertidumbre y restricciones laborales. El sindicato acudió a la Justicia para reclamar el ingreso, la vigencia normativa y la actividad sindical.

A casi siete meses de la intervención federal del puerto de Ushuaia, los trabajadores que permanecen impedidos de ingresar plantearon la incertidumbre laboral y económica que atraviesan, mientras el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) avanzó judicialmente para cuestionar las restricciones impuestas y reclamar el restablecimiento de derechos laborales y sindicales.

La secretaria General del SUTAP en Ushuaia, Daniela Almada, y el abogado del sindicato, Manuel Raimbault, expusieron en FM Ushuaia las consecuencias de una situación que comenzó cuando parte del personal encontró bloqueado el acceso a su lugar de trabajo. 

Almada describió que “la sensación siempre fue muy mala, esto de no poder entrar a tu trabajo, de que te nieguen cualquier tipo de acceso, del desconocimiento completamente y la incertidumbre”, un escenario al que sumó la preocupación por los recursos disponibles para sostener salarios y funcionamiento.

Los haberes continúan abonándose con fondos que originalmente tenían otros destinos dentro de la administración portuaria. La dirigente aclaró que “técnicamente no sé si sería un ahorro sino que era dinero destinado a la infraestructura, a hacer distintas obras que estaban en todos los proyectos”, pero explicó que, frente a la intervención, “automáticamente se tiene que cambiar el destino de los fondos para poder pagar los sueldos”.

El impedimento de acceso, según relató, tampoco estuvo acompañado por una explicación individual sobre las razones de la exclusión. “Automáticamente el respaldo que daba desde la Prefectura, que era el organismo que controla el ingreso a la parte operativa de puerto, informan que hay una resolución desde la ANPyN, donde no se permite el ingreso”, recordó Almada. La medida se instrumentó mediante un listado de personas autorizadas y “si vos no estabas incluido dentro de ese listado, no podías ingresar. No había más explicaciones que eso”.

Aquella situación se mantiene como uno de los principales cuestionamientos del gremio. Para la secretaria General, “no hubo una justificación real de por qué tampoco estar ni siquiera en un listado, cuáles eran los requisitos para formar parte de las personas que fueron excluidas”. El cambio, agregó, fue abrupto: “De la noche a la mañana, nos fuimos un día, podíamos ingresar, salimos todos normalmente, y al otro día estaba bloqueado el ingreso”.

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Secretaria General del SUTAP en Ushuaia, Daniela Almada, y abogado del sindicato, Manuel Raimbault.

Desde el plano jurídico, Raimbault explicó que la presentación sindical aborda específicamente los derechos laborales y gremiales afectados, diferenciándola de los planteos institucionales formulados por otros actores. 

Su análisis remite al proceso de transformación del sistema portuario durante la década de 1990 y a los límites constitucionales posteriormente establecidos para la delegación legislativa. Según afirmó, actualmente “lo que se está produciendo en términos de derecho laboral es la derogación, de hecho, del convenio colectivo de trabajo. Ninguna persona beneficiada por el convenio colectivo de trabajo puede entrar al puerto”.

El abogado sostuvo además que las restricciones exceden el acceso físico y alcanzan el ejercicio sindical. “No se aplica el convenio, pero también se prohíbe la actividad sindical”, señaló, para describir después la situación que, a su criterio, atraviesa la terminal: “No hay libertad sindical, no hay convenio colectivo aplicable y tampoco hay derecho público ni control. Nada, absolutamente nada”.

La ausencia de respuestas institucionales también forma parte de la preocupación de los trabajadores. Almada aseguró que “el silencio institucional que se vive desde, en la mayoría de las aristas, es sumamente desalentador” y explicó que durante estos meses “hemos tocado puertas, buscado respuestas como trabajadores con esas preocupaciones que se generan y quizás te abren una puerta, pero en el momento de los hechos tampoco se toman decisiones”. Diferenció, no obstante, el acompañamiento recibido desde organizaciones gremiales, entre ellas la CGT, de una intervención política que consideró limitada.

Raimbault también puso el foco en los mecanismos de control que, a su entender, deberían operar aún bajo una intervención. “La Corte dijo que incluso en las intervenciones regulares, en las intervenciones políticas dictadas por el Congreso, el interventor debe cumplir con la normativa a la autoridad que va a sustituir”, indicó. A partir de ese criterio afirmó que “acá se tendría que aplicar el derecho público local”, y planteó que otros organismos provinciales podrían analizar la situación.

El avance de la demanda del SUTAP abrió ahora una instancia en la Justicia Federal. Raimbault detalló que uno de los pedidos es “que haga cesar la discriminación que para nosotros es un acto de violencia en el trabajo de la prohibición de ingreso” y que también se reclama terminar con lo que considera una derogación de hecho de las normas aplicables. “Si hay una intervención, tiene que funcionar con la normativa del órgano sustituido. No puede crear nueva normativa ni regirse por la que se le antoje”, argumentó.

La presentación incorpora además la situación de los representantes sindicales, quienes cuentan con tutela específica. El abogado explicó que “no pueden ser excluidos de las condiciones de trabajo sin decisión judicial que se funde en una causa razonable que las excluya” y sostuvo que el gremio reclama judicialmente que se reinstale la actividad sindical dentro del puerto.

Pese al conflicto, Almada remarcó que los trabajadores decidieron mantener una estrategia sin medidas que pudieran afectar la terminal. Esa conducta, explicó, “también se basa en el respeto que le tenemos a nuestra fuente laboral, al patrimonio que es el puerto”, y vinculó esa decisión con la historia construida por generaciones de empleados desde la provincialización del puerto.

Tras casi siete meses fuera de sus puestos habituales, los trabajadores esperan ahora que la instancia judicial permita revisar las restricciones y obtener respuestas sobre las condiciones laborales, sindicales y administrativas establecidas desde la intervención.

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