El Tribunal de Cuentas bloquea un nuevo intento del Ejecutivo por absorber funciones de DPE, DPOSS y el IPV

El organismo de control consideró ilegal la intención del Poder Ejecutivo de absorber funciones específicas la DPE, el IPV y la DPOSS, específicamente la adjudicación, ejecución y control de las obras públicas que ejecutan los entes autárquicos.

Así se desprende de la Resolución Plenaria 53/21 mediante la cual el órgano de control cuestiona la legalidad de los artículos 10°, 11° y 13° del Decreto 1808/20 mediante el cual se creó el programa PODEMOS TDF y en los cuales el Gobernador Melella pretendía reasignar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos los fondos de los entes autárquicos para que sean administrador por el Ministerio conducido por Gabriela Castillo.

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Gabriela Castillo, Ministra de Obras y Servicios Públicos

Múltiples intentos, un único fin

A días de asumir la actual gestión provincial presentó a la Legislatura media docena de leyes de emergencia entre las que se encontraba la declaración de Emergencia Administrativa, en el artículo 9° de ese proyecto Melella ya evidenciaba su intención de eliminar los entes autárquicos ya que asignaba a la Tesorería general “la potestad de disponer libremente y transferir fondos entre las diversas cuentas que administren las jurisdicciones y entidades y organismos descentralizados sean estos autárquicos o no que conformen el Sector Público No Financiero”. Este fue el único proyecto de emergencia que la Legislatura no aprobó en diciembre del 2019. Tan solo un año después el Gobierno volvió a intentar administrar libremente los fondos de los entes autárquicos.


Posteriormente en el proyecto de creación de la empresa Terra Ignis también se incluían competencias que actualmente corresponden a la DPE tal como lo establecía el artículo tercero del estatuto en el que establecía entre los objetos de la misma “generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica, indistintamente que la fuente generadora sea renovable o no renovable


A esta altura la única certeza es que el Gobierno de Melella ha decidido eliminar a diversos entes públicos sin importar si es a través de la creación de una nueva HIFUSA o administrando sus recursos como intentó en el fallido proyecto de Ley de Emergencia Administrativa de diciembre del 2019 o en el cuestionado decreto 1808/20