Un especialista alertó sobre los peligros de aplicar la normativa que permite la cría de salmones en Tierra del Fuego. Resaltó que, sin sistemas de supervisión efectivos y sin una evaluación ambiental de fondo, las consecuencias podrían ser graves. Exigió claridad en la gestión, dirección experta y participación social genuina.
El doctor en biología e investigador del CADIC-Conicet, Gustavo Lovrich, llamó la atención sobre los riesgos de impulsar la acuicultura en el territorio fueguino sin un esquema estricto de vigilancia ambiental. Por FM Ushuaia, aseguró que la reciente sanción legislativa abre una nueva etapa, pero que lo fundamental será el modo en que se reglamente y ejecute la ley: “La reglamentación va a ser más determinante que la misma norma”, señaló.
Advirtió que, en una situación donde el Estado tiene limitaciones de base para fiscalizar, la ausencia de controles y de capacidad especializada podría intensificar los daños. “No se hace con buenas intenciones. Esta es una industria que tiene impactos ambientales importantes”, remarcó.
Lovrich puso en duda la confiabilidad de las agencias públicas a cargo. Caracterizó a la Secretaría de Pesca provincial como una entidad con poca visibilidad y opacidad en su gestión. “Tampoco sabemos qué es lo que quieren hacer. No sabemos cuál es el próximo paso”, advirtió.
Según detalló, incluso los ámbitos de discusión institucional como el Foro de Pesca Artesanal fueron desmantelados: “El Estado provincial abandonó el único lugar donde se podían discutir cuestiones de pesca y acuicultura”.
Uno de los ejes principales de su argumentación es la exigencia de aplicar el artículo 6 de la ley, que prevé una Evaluación Estratégica Ambiental. “Es algo así como un análisis territorial que establece dónde se pueden hacer cosas y dónde no. Eso se podría haber hecho desde 2019”, afirmó.
Bajo su perspectiva, ejecutar esa evaluación de inmediato sería una señal clara de voluntad planificadora: “Si lo primero que hacen es convocar a una Evaluación Estratégica Ambiental, estamos por el buen camino”.
El científico también expresó escepticismo respecto a la capacidad del Estado para ejercer una supervisión efectiva. Citó como ejemplo negativo el caso de Chile, donde los controles llegaron tarde y no lograron impedir conductas perjudiciales. “La reglamentación siempre va atrás de la práctica. Las malas prácticas van primero, después viene la ley”, explicó.
Valoró las iniciativas que proponen crear observatorios ciudadanos u otras formas de vigilancia social. No obstante, aclaró que estas dependen de una decisión política. “La autoridad tiene que permitir hacerlo. Normalmente cualquier trabajo implica financiamiento. Y eso es lo que falta”, sostuvo.
Lovrich subrayó la urgencia de un manejo institucional que no solo promueva la intervención de la comunidad, sino que la combine con rigor técnico. “Se necesita un proceso de liderazgo. Si no, todos terminamos enojándonos y cada uno hace lo que quiere”, afirmó por último.
