La Provincia presentó una nueva denuncia penal contra la intervención federal del puerto de Ushuaia por impedir cuatro inspecciones y operar sin inscripción en el registro de generadores de residuos peligrosos. Además, reclamó esclarecer el destino de materiales contaminantes que permanecían almacenados antes de la llegada de la ANPYN y cuya ubicación actual se desconoce.
La administración federal del Puerto de Ushuaia enfrenta una nueva presentación judicial por presuntas irregularidades en el cumplimiento de la normativa ambiental. El Gobierno de Tierra del Fuego denunció que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) continúa obstaculizando las tareas de fiscalización provincial y que, además, no figura inscripta en el registro correspondiente a los establecimientos generadores de residuos peligrosos.
La situación adquiere mayor gravedad por las diferencias detectadas entre la información ambiental existente antes de la intervención nacional y las declaraciones posteriores de las autoridades portuarias. Mientras los antecedentes provinciales indican que había residuos contaminantes pendientes de retiro, la ANPyN sostiene que actualmente no existen materiales peligrosos almacenados en las instalaciones.
La Provincia procura establecer qué ocurrió con esos residuos y si fueron retirados mediante procedimientos autorizados. Sin embargo, las reiteradas negativas de ingreso al establecimiento impiden verificar tanto su eventual desaparición como las condiciones ambientales actuales de los sectores donde se encontraban depositados.
Estos hechos motivaron una nueva denuncia presentada el 27 de octubre por el Ministerio de Producción y Ambiente ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, dentro de la causa Nº 42.281/2026, originada en una intervención de la Fiscalía de Estado.
La presentación incorpora dos circunstancias que las autoridades consideran relevantes para la investigación: el cuarto impedimento consecutivo a una inspección ambiental, registrado el 19 de octubre, y las inconsistencias documentales relacionadas con la existencia y el destino de residuos peligrosos.
ANPyN no figura en el registro ambiental
Uno de los aspectos centrales del escrito judicial es la situación administrativa de la agencia nacional frente a las exigencias ambientales de Tierra del Fuego.
Según informó el Gobierno provincial, la ANPyN no está incorporada al Registro Provincial de Generadores de Residuos Peligrosos, condición que sí cumplía la Dirección Provincial de Puertos, anteriormente registrada como Generador Categoría I.
La Ley Provincial Nº 105 regula las responsabilidades vinculadas con la generación, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición final de este tipo de materiales, además de establecer mecanismos de identificación y control de los establecimientos comprendidos.
La falta de inscripción de la intervención nacional representa, según la presentación, una situación que debe ser examinada judicialmente, particularmente porque las instalaciones portuarias mantienen actividades que tradicionalmente requerían procedimientos específicos para el manejo de sustancias contaminantes.
De todos modos, la ausencia en ese registro no significa necesariamente que la agencia carezca de cualquier autorización ambiental. La cuestión planteada por la Provincia se relaciona específicamente con las obligaciones que podrían corresponderle como generadora de residuos peligrosos.
El Ministerio también recordó que las facultades provinciales de fiscalización no dependen de la inscripción previa del establecimiento. Por lo tanto, la inexistencia de ese trámite no constituye un impedimento legal para realizar las verificaciones ambientales.
Dudas sobre el destino de materiales contaminantes
Otro componente sustancial de la denuncia se refiere a los residuos peligrosos cuya presencia había sido documentada oficialmente durante los años anteriores.
Los antecedentes correspondientes a 2024 consignan el tratamiento de 1.200 litros de aceites minerales usados y 400 kilogramos de materiales contaminados, cantidades que permiten dimensionar las características de los residuos habitualmente generados por la actividad portuaria.
A su vez, el informe ambiental de 2025 señala que los materiales producidos durante ese año permanecían almacenados de manera transitoria. Su retiro estaba previsto para enero de 2026, pero no pudo realizarse debido a las restricciones operativas que siguieron a la intervención nacional.
La controversia surgió cuando, el 18 de octubre, la ANPyN comunicó que dentro del establecimiento no se desarrollaban tareas de mantenimiento capaces de producir residuos peligrosos y aseguró que tampoco existían materiales de esa naturaleza almacenados.
Esa información, enviada pocas horas antes de una nueva inspección, no coincide con los antecedentes disponibles en la Secretaría de Ambiente, que registraban residuos cuyo retiro no había podido completarse.
Frente a esa diferencia, el Gobierno provincial solicitó determinar si los materiales continúan dentro del puerto o fueron trasladados a otro establecimiento. En este último caso, pretende conocer las circunstancias del procedimiento y comprobar que se hayan cumplido las exigencias legales.
La investigación requerida comprende la identificación de los responsables del transporte, las fechas de retiro, los lugares de tratamiento y disposición final, así como la documentación que permita reconstruir la trazabilidad de los residuos.
También se busca esclarecer cómo se realizan actualmente las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria portuaria. Si esas actividades dejaron de efectuarse dentro del establecimiento, como sostiene la intervención, la Provincia considera necesario identificar dónde se desarrollan y bajo qué condiciones ambientales.
La imposibilidad de ingresar a las instalaciones impide corroborar cualquiera de esas circunstancias y mantiene abiertas las dudas sobre el manejo de los materiales contaminantes.
La intervención impidió cuatro controles
El conflicto por las inspecciones ambientales se profundizó el 19 de octubre, cuando personal técnico provincial volvió a encontrarse con una negativa de acceso al puerto de Ushuaia.
La fiscalización había sido anunciada formalmente con diez días de anticipación. Sin embargo, a las 23.27 de la noche anterior, la ANPyN envió una comunicación solicitando información adicional acerca de los sectores que serían inspeccionados, las actividades previstas y los procedimientos de control.
Los agentes provinciales concurrieron igualmente al establecimiento a las 10.07 de la mañana siguiente, conforme a la programación establecida.
Al presentarse en el ingreso, un oficial de protección portuaria les informó que no estaban autorizados a acceder mientras no se respondieran los requerimientos formulados por las autoridades de la intervención.
Ante esa decisión, los inspectores debieron abandonar el lugar sin realizar las verificaciones previstas. La situación quedó documentada mediante un acta oficial que posteriormente fue incorporada a la presentación judicial.
No se trató de un episodio aislado. La Provincia había denunciado restricciones similares durante las inspecciones programadas para el 25 de agosto y el 1 y 17 de septiembre.
De esta manera, el último procedimiento frustrado elevó a cuatro las oportunidades consecutivas en las que los organismos ambientales provinciales no pudieron ejercer sus funciones de control dentro del establecimiento portuario.
Posibles impactos en la bahía
Las autoridades ambientales también expusieron las consecuencias que podría tener la continuidad de estas restricciones para la vigilancia de las instalaciones y su entorno natural.
Entre los espacios cuya fiscalización permanece pendiente se encuentra el taller mecánico del puerto, donde anteriormente se generaban aceites usados y otros materiales contaminantes vinculados con el mantenimiento de maquinaria.
Otro sector señalado es el muelle de catamaranes, donde las inspecciones previas habían identificado actividades de mantenimiento y la presencia de un tanque con capacidad para 200 litros de aceite.
La Provincia también pretende revisar la plazoleta fiscal, los depósitos de combustibles, los sistemas de drenaje y otros espacios donde podrían almacenarse sustancias peligrosas o producirse situaciones de contaminación.
Las verificaciones buscan determinar si existen pérdidas de hidrocarburos, derrames de combustibles o alteraciones en las condiciones del suelo, además de evaluar la posibilidad de que sustancias contaminantes sean arrastradas hacia las aguas de la bahía de Ushuaia.
El impedimento de ingreso afecta asimismo la fiscalización de las agencias marítimas que desarrollan actividades dentro del puerto y se encuentran registradas como generadoras de residuos peligrosos.
A esta problemática se agrega la imposibilidad de supervisar adecuadamente los residuos procedentes de las bases antárticas argentinas, cuyo control ambiental se realiza durante las campañas estivales desde 2019.
Para el Gobierno provincial, la ausencia de verificaciones presenciales limita la capacidad de prevenir y detectar eventuales irregularidades en actividades que requieren seguimiento técnico y documentación específica.
Medidas judiciales para garantizar las inspecciones
En la parte final de su presentación, el Ministerio de Producción y Ambiente solicitó al juzgado interviniente la adopción de medidas urgentes que permitan restablecer las tareas de fiscalización dentro del Puerto de Ushuaia.
El requerimiento comprende garantizar el ingreso del personal especializado de las áreas provinciales de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos, con acceso a las instalaciones, los registros documentales y los sectores vinculados con el almacenamiento y tratamiento de residuos.
La Provincia pretende que esas verificaciones permitan esclarecer el destino de los materiales peligrosos previamente registrados, establecer las condiciones actuales de funcionamiento del establecimiento y determinar si existen situaciones que puedan representar riesgos para el suelo, los recursos hídricos y el ambiente de la bahía de Ushuaia.
