Un informe de la periodista Felicitas Bonavitta en el informativo de Gustavo Sylvestre del canal C5N, volvió a poner en la agenda de noticias nacionales la intervención por parte de Nación del puerto de la ciudad de Ushuaia. Bajo el título "Se robaron el puerto de Ushuaia", realizó un resumen de lo acontecido desde enero, cuando la Administración Nacional de Puertos y Navegación impidió al gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Dirección Provincial de Puertos, seguir administrando la terminal portuaria.
"Lo que está pasando en el puerto de Ushuaia es demostrativo de lo que está pasando en la Argentina", consideró Bonavitta y presentó distintos testimonios como el de la secretaria de Coordinación Legal de la Provincia, Mariángeles Arroyo, quien dijo que en enero se cumpliará un año de la intervención y se tramitará la extensión de la medida cautelar presentada por el Gobierno provincial para suspender los efectos de esta medida. Reiteró que el Gobierno no tiene acceso a información de lo que ocurre administrativamente en el puerto: "no tenemos conocimiento de cuántas recaladas va a haber en esta temporada ni tampoco sabemos el dinero que recauda".
Uno de los trabajadores entrevistados consideró que "la situación va empeorando porque va pasando el tiempo".
A su turno, Sylvestre advirtió que "así como hicieron con el puerto de Ushuaia, lo pueden hacer con cualquier otro puerto de la Argentina".
El informe detalla el perfil de las cabezas de la intervención, especialmente de Iñaki Arreseygor (director ejecutivo de la Administración Nacional de Puertos y Navegación) a quien calificaron de ser "un macrista puro"; y de Fernando Polizzi (el interventor del puerto de Ushuaia) y su pasado como funcionario del PAMI.
También hicieron especial mención del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, "que hace 4 meses tiene durmiendo el amparo" presentado por El Diario del Fin del Mundo para exigir transparencia sobre los recursos, ingresos, gastos y contrataciones administrados por la intervención.
Por último, consideraron la orden judicial que el miércoles finalmente permitió ingresar a los inspectores ambientales al puerto para realizar su habitual trabajo de control, algo que era obstaculizado por la intervención, como "una señal que ilusionó mucho a los trabajadores y a la Provincia".
