El intendente riograndense expuso ante los concejales el presupuesto para el próximo ejercicio, caracterizado por el impacto del corte de fondos nacionales, la deuda por coparticipación provincial y alivios fiscales para los vecinos.
El Concejo Deliberante de Río Grande fue el auditorio donde el intendente Martín Perez expuso los lineamientos centrales del presupuesto municipal para el ejercicio 2027.
Frente a los ediles, la máxima autoridad comunal trazó un panorama exhaustivo sobre el estado de las finanzas locales, en una exposición efectuada en el marco del trabajo de la Comisión de Presupuesto institucional.
El proyecto elevado contempla un monto total de $239.505 millones, cifra que implica un incremento del 21,7% en comparación con la pauta de 2026 y que tomó como parámetro las estimaciones del Banco Central.
Al evaluar las dificultades del contexto socioeconómico actual, el jefe del Ejecutivo municipal graficó la realidad de los sectores más vulnerados al manifestar: "Trabajadores, trabajadoras de la construcción que se quedaron sin laburo, lamentablemente lo padecemos todos los días, lo vivimos, sufrimos en carne propia las consecuencias de esta política económica en nuestro municipio en donde ya exponencialmente ha crecido la demanda y la atención social que brindamos".
En esa línea, puntualizó que se tomó "la decisión de encarar un presupuesto donde podamos preservar el funcionamiento municipal, pero además poder estimar de manera prudente los recursos que le corresponden a nuestra ciudad".
El diagrama de gastos e inversiones para el año entrante destina más de $6.000 millones a la asistencia alimentaria -lo que refleja un incremento del 43%- y fija áreas estratégicas de contención directa.
En materia sanitaria, se proyectó una partida de $18.000 millones, equivalentes al 9% del total presupuestado, para sostener la infraestructura de atención pública. Perez detalló que dichos fondos permitirán mantener "estos 15 dispositivos de salud, los 4 dispositivos de atención primaria y los dispositivos de salud mental, el centro de rehabilitación, el centro municipal de la infancia, el laboratorio de análisis clínico también y el centro de especialidades médicas".
Asimismo, fundamentó que "la enorme mayoría de la gente que ha perdido su fuente laboral hoy no tiene la posibilidad de contar con una obra social", ponderando la red comunitaria construida.
La paralización de los aportes del Gobierno Nacional para obras de infraestructura fue uno de los ejes clave abordados durante la presentación legislativa: "A pesar de la decisión que ha tomado el gobierno nacional de cortar con todos los planes de obra pública, tomamos la decisión de que el año que viene vamos a invertir casi $20 mil millones en obras públicas y es casi el 10% del presupuesto".
La planificación en infraestructura priorizará la conectividad vial y soluciones para el acceso a la tierra. Respecto de las necesidades de desarrollo territorial, el intendente ratificó que avanzarán en iniciativas clave: "Vamos a estar, si todo sale bien, a fines de este año, principios del año que viene finalizando una obra muy importante que es una inversión público-privada que es la obra que estamos haciendo en Chacra 12, una urbanización que va a permitir contar con más de 600 lotes con servicios para poder seguir acompañando la demanda habitacional que hoy tiene nuestra gente".
El sostenimiento de los servicios esenciales insumirá partidas de gran magnitud dentro de las arcas locales, destacándose los $34.000 millones orientados a la recolección de residuos y limpieza urbana, sumados a $4.500 millones asignados al proceso de potabilización de agua.
Por otro lado, la política tarifaria del transporte urbano mantendrá esquemas de subsidio propio. El mandatario advirtió que "el boleto real del colectivo está casi $4.000, o tal vez supera ese valor, y nosotros hemos tomado la decisión de sostenerlo, y además poder sostener las gratuidades, sin acompañamiento del Gobierno Nacional".
Uno de los momentos de mayor peso institucional durante el encuentro estuvo marcado por el reclamo formal relacionado con los desembolsos de la coparticipación provincial. Perez presentó un informe detallado ante el cuerpo del Concejo y remarcó la gravedad del cuadro financiero: "Al 31 de agosto de este año, la deuda de coparticipación ha alcanzado $16.119,4 millones. Lamentablemente, esa deuda se triplicó desde diciembre de 2024 a la fecha".
Para el mandatario, "las coparticipaciones tanto nacionales como provinciales representan un 80% del financiamiento total previsto para el año 2027", y agregó que "necesitamos poder contar con la previsibilidad correspondiente para poder proyectar mejor la administración de recursos que le corresponden a todos los vecinos de la ciudad".
Pese al escenario crítico, Martín Perez apeló a la búsqueda de consensos: "Saben todos que soy una persona de diálogo, que mi intención no es entrar en ningún tipo de confrontación que perjudique las relaciones institucionales".
En el plano impositivo, la propuesta presupuestaria incluye alivios fiscales tendientes a amortiguar la carga económica familiar. El Municipio sugirió una bonificación de la unidad fiscal del 60%, a la cual se sumará un plan de regularización de deudas en 12 cuotas sin interés sin necesidad de usar tarjeta de crédito, alcanzando a unos 10.000 contribuyentes, y un beneficio del 30% para los vecinos que mantengan sus obligaciones al día.
En el tramo final de su discurso ante los ediles, el intendente enfatizó el carácter abierto del proyecto ingresado al cuerpo deliberativo: "Esto es simplemente un proyecto, un borrador que vamos a presentar hoy con la idea general, la idea de ciudad que tenemos".
Finalmente, hizo un llamado a la colaboración institucional indicando: "Tratemos de encontrar puntos de coincidencia, creo que es lo que hoy nuestra gente nos pide y nos reclama, poder trabajar en conjunto y poder encontrar mejores soluciones para atravesar esta situación social tan alarmante".
