El ex legislador provincial analizó las consecuencias políticas, jurídicas e institucionales de la intervención del puerto de Ushuaia. Advirtió sobre el debilitamiento de la autonomía fueguina y reclamó una reacción colectiva urgente.
La intervención federal del puerto de Ushuaia representa, para el ex legislador provincial Adrián De Antueno, una manifestación particularmente grave del deterioro institucional argentino y de un proceso de debilitamiento de la autonomía fueguina que, según su interpretación, trasciende ampliamente las consecuencias económicas y operativas de la medida.
Durante una entrevista en FM Ushuaia, el reconocido dirigente político e investigador histórico propuso abordar el conflicto desde una perspectiva integral, centrada en sus implicancias constitucionales. A su entender, la discusión pública permanece concentrada en los efectos inmediatos de una decisión cuyo verdadero alcance compromete las relaciones entre la Nación y las provincias.
Consideró que el aspecto fundamental reside en la legalidad de la intervención, porque “la inconstitucionalidad es clara, es manifiesta, es explícita”, y atribuyó particular gravedad a que la disposición proviniera de un organismo administrativo nacional, sin intervención del Congreso.
Su interpretación constitucional también comprende las facultades presidenciales y los mecanismos establecidos para intervenir una provincia. Desde esa perspectiva, afirmó que “es un problema jurídico, porque hay una confrontación, hay un enfrentamiento de poderes, claro, explícito, entre la Nación y la provincia”, circunstancia que, a su juicio, exige una respuesta judicial inmediata.
La dimensión económica constituye otro componente relevante. El ex legislador mencionó una recaudación portuaria estimada en $22.000 millones por temporada turística, aunque aclaró que desconocía la exactitud de esa cifra. Consideró especialmente perjudicial privar a la administración provincial de esos recursos en un escenario de dificultades financieras.
Sin embargo, su preocupación principal apunta al funcionamiento de las instituciones. Al reclamar una intervención urgente de la Corte Suprema, expresó: “Resalto la responsabilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación con esta demora, con este silencio”, mientras observó con preocupación la ausencia de pronunciamientos de buena parte de la dirigencia fueguina.
Para De Antueno, reducir la controversia a cuestiones administrativas implica desconocer su verdadera naturaleza. En una de sus reflexiones más contundentes sostuvo que “no es un problema de los pilotes que sostienen el puerto, no es un problema de higiene, no es un problema de administración, es un problema de una fuerte inconstitucionalidad que está desmoronando la institucionalidad en nuestro país”.
La falta de una reacción colectiva también ocupó un lugar en su análisis. A partir de su experiencia política y de sus investigaciones históricas, vinculó las dificultades actuales con una persistente fragmentación de la sociedad fueguina, cuyos distintos sectores suelen privilegiar sus intereses particulares frente a problemas que afectan al conjunto provincial.
En esa dirección, señaló que “Tierra del Fuego y particularmente la ciudad de Ushuaia históricamente está llamada e instada a la división, no a la unidad”, y explicó que esa tendencia dificulta construir respuestas compartidas ante situaciones que comprometen la soberanía y la autonomía institucional.
Su mirada histórica recuperó el proceso de provincialización y las expectativas que acompañaron aquel acontecimiento. De Antueno recordó su participación en esa etapa y sostuvo que el proyecto político e institucional concebido entonces permanece inconcluso.
Esa interpretación lo llevó a relacionar la intervención portuaria con otros antecedentes de conflictos jurisdiccionales, particularmente la situación de la Isla de los Estados. Según expresó, “aquella provincia grande que se logró, se va de alguna manera no solamente debilitando, se la va desprovincializando”.
Finalmente, Adrián De Antueno vinculó estas circunstancias con los intereses geopolíticos sobre los recursos naturales y la posición estratégica del territorio fueguino. Su conclusión fue especialmente preocupante: “Estamos en una situación de declive que si no la paramos de alguna manera, nos va a llevar al fondo del mar”, una advertencia que acompañó con un llamado a recuperar la unidad provincial y exigir respuestas institucionales.
