La intervención nacional del puerto de Ushuaia enfrenta más cuestionamientos por contrataciones millonarias, suspensión de trabajadores y restricciones a controles ambientales. La referente de los portuarios desplazados denunció irregularidades en las obras realizadas sobre el canal Beagle y reclamó respuestas judiciales.
La intervención nacional del Puerto de Ushuaia vuelve a quedar bajo cuestionamiento por una licitación de 4.000 millones de pesos para contratar seguridad privada, la ejecución de obras sin controles ambientales provinciales y el desplazamiento de personal provincial de planta. A nueve meses de la medida, los trabajadores denuncian una administración caracterizada por gastos extraordinarios, falta de transparencia y decisiones que consideran contrarias a la normativa vigente.
Valeria Barría, una de las trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos desplazadas por la intervención, cuestionó en FM Ushuaia el procedimiento impulsado por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para contratar vigilancia durante doce meses. Según explicó, el monto contrasta con los antecedentes provinciales: “La Dirección Provincial de Puertos en noviembre del 2025 había celebrado un contrato con la empresa de seguridad por 400 millones al año. Entonces acá, 4.000 millones, básicamente es una licitación escandalosa”.
La diferencia presupuestaria resulta especialmente controvertida porque la institución dispone de trabajadores capacitados para esas funciones, actualmente impedidos de ingresar a sus puestos. Barría recordó que se trata de personal certificado bajo normas internacionales y planteó dudas sobre las condiciones exigidas a las empresas privadas.
Para la trabajadora, la situación excede una contratación puntual y configura una política de sustitución de empleados provinciales. Al respecto, denunció: “Calificamos todo esto de un robo lo que están viniendo a hacer”, mientras cuestionó la incorporación de personal externo para realizar tareas anteriormente cubiertas por la planta permanente.
Otro aspecto señalado fue la magnitud del operativo de vigilancia proyectado. Barría precisó que históricamente existían tres puestos de seguridad, atendidos por dos personas cada uno, y recordó que Prefectura Naval también proporciona servicios adicionales.
Las objeciones alcanzan igualmente las obras de recambio de defensas del muelle, adjudicadas a la empresa Concret-Nor. Según Barría, la intervención estaría instalando elementos anteriormente utilizados en el inconcluso puerto de Río Grande mientras aguarda la llegada del equipamiento contratado.
El conflicto adquiere mayor gravedad por las restricciones impuestas a las inspecciones provinciales y los posibles efectos ambientales de los trabajos. La representante portuaria advirtió: “Ellos no dejan entrar a los inspectores de Ambiente y están haciendo trabajos en el canal de Beagle, que es propiedad de toda la provincia, y es algo que debemos cuidar todos”, y cuestionó la ausencia de controles sobre esas intervenciones.
Barría reclamó el cumplimiento de la legislación ambiental, frente a una administración nacional que, según describió, actúa sin someterse a las autoridades provinciales.
Finalmente, expresó expectativas sobre las causas judiciales en trámite, tanto ante el juez federal Federico Calvete como ante la Corte Suprema. Su objetivo, afirmó, es recuperar la administración provincial y restituir los puestos laborales, porque “la realidad es que no han mejorado nada”, pese a las promesas iniciales de modernización y reducción de personal.
