La falta de una resolución sobre la devolución del Puerto de Ushuaia mantiene vigente la intervención nacional y profundiza la incertidumbre laboral. ATE reclama recuperar la conducción provincial y garantizar los salarios durante 2027.
La restitución del puerto de Ushuaia a la órbita provincial continúa pendiente de una definición judicial, mientras la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en enero prolonga sus efectos sobre la administración de la terminal y la situación de los trabajadores desplazados. El conflicto mantiene sin funciones a parte del personal, cuyos salarios siguen siendo abonados por la Provincia, sin perspectivas concretas de reincorporación.
El secretario de Finanzas de ATE Río Grande, Carlos Margalot, reclamó en FM Ushuaia que la Justicia resuelva cuanto antes la demanda presentada por el Gobierno fueguino para recuperar el control de las instalaciones. “Si la Justicia no se expide de una manera rápida, esto va a seguir de la misma manera, o sea, no va a cambiar hasta que la Justicia nos diga que el puerto tiene que pasar a la provincia”, sostuvo.
Para el dirigente sindical, la ausencia de un pronunciamiento constituye el principal obstáculo para revertir la intervención. Aunque reconoció la importancia de las gestiones institucionales y las manifestaciones de rechazo, consideró que ninguna de esas iniciativas modificará la situación mientras los tribunales no determinen a quién corresponde administrar el puerto. Advirtió, además, que cada mes transcurrido consolida la permanencia de las autoridades nacionales y posterga el regreso de los empleados apartados.
Margalot también puso en discusión los fundamentos utilizados para justificar la medida. En particular, cuestionó las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos económicos, una circunstancia que, según afirmó, “hasta el día de hoy no se comprobó nunca”. A partir de esa interpretación, sostuvo que una eventual resolución favorable a la continuidad de la intervención carecería de legitimidad si no se acreditaran las irregularidades denunciadas.
La recuperación de la terminal, explicó, debe comprender tanto la administración como el restablecimiento de su estructura institucional. En ese sentido, pidió “que se vuelva todo, digamos, que tenga lo que es una organización como venía teniendo antes, con el presidente, con un vicepresidente, con toda la estructura que tiene cualquier ente del gobierno de la provincia”. El objetivo incluye normalizar las funciones de la Dirección Provincial de Puertos y reincorporar a los trabajadores que permanecen alejados de sus puestos.
Dentro de ese escenario, el representante gremial manifestó su desacuerdo con la actuación de algunos empleados de la terminal que, de acuerdo con su versión, colaboraron con el ingreso de las autoridades nacionales y el apartamiento de sus propios compañeros. Consideró necesario revertir esa situación como parte de la recuperación integral del organismo.
La preocupación sindical también está relacionada con la posibilidad de que el conflicto se extienda durante 2027. Margalot señaló que la continuidad de la intervención no depende exclusivamente de eventuales cambios políticos, por lo que insistió en la necesidad de obtener una sentencia que establezca expresamente la restitución del puerto a la jurisdicción fueguina.
En su análisis, atribuyó la permanencia de la administración nacional a una determinación del Gobierno de Javier Milei, orientada a conservar el control de una instalación estratégica. “Yo veo que es una decisión muy política de este gobierno nacional”, afirmó. También cuestionó la falta de pronunciamientos de distintos sectores frente a una situación que considera perjudicial para los intereses provinciales.
Respecto de las alternativas de protesta, reconoció que las movilizaciones pueden contribuir a visibilizar el conflicto, pero descartó que resulten suficientes para recuperar la administración. “Podemos estar uno o dos meses metidos dentro de lo que es el puerto, pero va a seguir intervenido igual. O sea, no va a cambiar en nada lo que es la intervención”, señaló, al insistir en que la respuesta judicial debe ocupar un lugar central en la estrategia de reclamo.
Las consecuencias laborales representan otro de los aspectos más sensibles de la disputa. Alrededor de un centenar de trabajadores atraviesa una situación de incertidumbre ante la proximidad de 2027, particularmente quienes permanecen sin prestar servicios y dependen de los salarios que continúa afrontando el Ejecutivo provincial. Margalot distinguió esa realidad de la correspondiente al personal que sigue cumpliendo funciones dentro de las instalaciones intervenidas.
En relación con los empleados desplazados, sostuvo que “la primera necesidad es proteger a los trabajadores que hoy en día están en su casa, que hoy en día lo está pagando el gobierno de la provincia pero el año que viene no sabemos qué va a pasar”. La continuidad de los ingresos y la recuperación de los puestos de trabajo constituyen, según explicó, las prioridades inmediatas del sindicato.
Frente a este panorama, ATE prevé realizar una reunión provincial durante esta semana para definir nuevas acciones. Entre las posibilidades figura acompañar judicialmente la demanda impulsada por Tierra del Fuego y evaluar otras medidas de protesta. Margalot adelantó que deberán resolver “si iniciamos o no las acciones legales para que vuelva el puerto a la provincia”, con la intención de reforzar el reclamo de restitución y evitar que la intervención continúe sin una definición.
