El Superior Tribunal de Löffler absolvió a todos los condenados hace 7 años en el mayor escándalo de corrupción de la historia

Siete años, seis meses y dieciséis días después de una de las mayores condenas por corrupción de la historia de Tierra del Fuego, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la era Löffler dictó un nuevo fallo y absolvió a los ocho condenados, entre ellos dos ex ministros de Economía (Raúl Berrone y Horacio Sosa) y el comerciante Germán Gualdesi.


La resolución fue dictada por los jueces María del Carmen Battaini, Ernesto Loffler y Gonzalo Sagastume el pasado 25 de noviembre, a pocos días de la finalización del año judicial, y por supuesto se mantuvo en silencio hasta hoy, sin ningún tipo de difusión ni repercusión pública.

La polémica decisión de la Justicia resulta llamativa por varios motivos: es extemporánea (se dicta 14 años después de la denuncia del caso y 7 años después del juicio, cuando los condenados a prisión, incluso, ya cumplieron la totalidad de las penas) coincide con la llegada de Loffler al Superior Tribunal (en medio de sospechas de connivencia entre el poder político y el judicial) rompe con el antecedente de anular el juicio anterior y mandar a realizar otro (en lugar de eso, el Superior Tribunal directamente absuelve) y expone al Estado fueguino a eventuales juicio de los imputados por daños y perjuicios.

El caso era uno de los más importantes del conocido como “Escándalo de las Letras de Tesorería”, una maniobra perpetrada durante la parte final de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro en 2007, para pagar con títulos provinciales por servicios nunca prestados.

En particular, se investigó el pago de 8,2 millones de pesos (equivalente a 2,73 millones de dólares de la época y a 546 millones de pesos actuales) por parte del Estado fueguino a la empresa “Gualdesi Hermanos” en diciembre de 2007, a cambio de bolsones de alimentos para personas indigentes que, según la denuncia presentada por la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos en 2008, nunca se entregaron.

Los pagos fueron realizados con las letras emitidas por el Estado, con una modalidad similar a la descubierta en otras investigaciones judiciales como la “causa Arrébola” (por insumos informáticos).

En el caso “Arrébola”, el propio ex ministro Sosa confesó el delito durante el juicio, aunque en la causa “Gualdesi” se declaró inocente.
El viernes 9 de mayo de 2014, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, conformado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Guillermo González condenó a ocho de los nueve acusados en el caso “Gualdesi”.


Seis fueron condenados a prisión efectiva, dos a prisión en suspenso y fue absuelto el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May.

Los ex ministros Sosa y Berrone fueron condenados a tres años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “peculado en concurso ideal con falsificación de instrumento público”.

También condenaron a 5 años de cárcel al ex contador General de la gobernación, Alfredo lglesias, y a 3 años y 6 meses de prisión a uno de los dueños de la empresa involucrada, Germán Gualdesi.

Además, la Justicia consideró culpables del mismo delito al ex asesor del Ministerio de Economía Horacio Medone, quien recibió una pena de 3 años y 10 meses y a la ex empleada María Lorenza Morenos, quien fue condenada a 3 años y 4 meses de cárcel.

A su vez, el ex empleado Isidro Ferreyra y otra de las dueñas de la firma Gualdesi, Elsa Bugnest, recibieron una condena de 3 años de prisión en suspenso.

Tanto Sosa, como Iglesias, Medone y Lorenzos ya estaban presos con anterioridad por las condenas recibidas en la “causa Arrébola”.

Por su parte Berrone y Gualdesi fueron detenidos de inmediato tras la lectura del veredicto.

El Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, había acusado a todos los involucrados de “fabricar un expediente administrativo” para simular la prestación de un servicio nunca brindado.

El tribunal consideró a todos los condenados como coautores o partícipes primarios del delito investigado, salvo a Ferreyra a quien condenó por encubrimiento.

Los magistrados también hicieron lugar a una acción Civil que obligaba a los sentenciados al pago de una suma indemnizatoria de 2,41 millones de pesos de le época más los intereses acumulados en los últimos 8 años. Eso implica, a valores de hoy, unos $161 millones sin contar los intereses.

La nube de la duda

Al fallar ahora (siete años después de la condena dictada por el Tribunal Oral) los jueces Battaini, Sagastume y Loffler dictaron la absolución de todos los involucrados, al entender que no logró demostrarse en la causa que Gualdesi no entregó los bolsones de comida por los que el Estado le pagó cifras millonarias.


“Entiendo que las actuaciones incorporadas en la presente causa no han logrado probar con la certeza requerida la falta de prestación por parte de la firma Gualdesi Hnos. S.R.L., del servicio cuyo pago se cuestiona y ello resulta razón suficiente para arribar al pronunciamiento que se propone. Si bien existen elementos que pueden haber llevado al Tribunal a creer tal hipótesis sustentada por la parte acusadora, existen igualmente probados en autos elementos que desmienten tal afirmación, y que generan un estado de duda insuperable para el juzgador en su tarea de conocer la verdad de los hechos”, escribió la jueza Battaini en su voto.

Basada entonces en una situación de duda, la magistrada afirmó que el tribunal de juicio condenó a los implicados “haciendo un análisis formal, pero netamente dogmático, de las actividades realizadas en función a los procedimientos fijados para la Administración Pública”.

Según este voto, al que después adhirieron Loffler y Sagastume sin agregar argumentos, los jueces del tribunal oral omitieron considerar el desorden administrativo reinante en la administración pública en los años en cuestión, la situación de emergencia alimentaria por la que atravesó la provincia y las prácticas irregulares que se instauraron.

Por otra parte, Battaini acusó a sus pares del tribunal inferior de haber creado distintas categorías de testigos, “otorgando mayor valor probatorio a los testimonios incriminatorios, y menor -y sin fundamentación- a los desincriminatorios”.

Por todo ello, el fallo decidió absolver a Morenos (porque falleció) y a todos los demás imputados (siete en total) además de revocar la condena Civil impulsada por el Tribunal de Cuentas.

De esta manera, uno de los mayores casos de corrupción de la historia provincial va camino a quedar impune.