CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR, NO
No hay democracia posible sin voluntad popular. De aquí surge la idea de delegar el poder del electorado hacia las autoridades legítimamente electas. La decisión de anular 3.000 votos recurridos jaquea la transparencia de las elecciones del 14M.
(Por Guillermo Worman)
Sin voluntad popular no hay representantes. Y nunca habría representantes legítimos sin elecciones libres y transparentes.
La democracia empezó para hombres blancos y propietarios. Afuera quedaron las mujeres y el resto que no pertenecía a las elites de aquellos lejanos tiempos.
Con los sucesivos avances en los derechos políticos, la democracia se fue ampliando y consolidando hasta nuestros días.
Entre los logros, se entendió que lo central de las elecciones no son las formas sino el sentido de fondo: respetar la voluntad popular por sobre cualquier otro principio, incluso por encima de toda traba burocrática. Si en el derecho administrativo se impone el informalismo en favor del administrado, en el derecho electoral debe imponerse la voluntad de los votantes.
Por esta razón, es interesante hacer un breve repaso de varios sucesos que se produjeron en el Juzgado Electoral desde que se encuentra a cargo de su secretaria, la abogada Mariel Zanini, que también integra la Junta Electoral.
En principio, la jueza interina aprobó un escandaloso cronograma electoral que acotó al mínimo los plazos de ley. De hecho, en todas las elecciones anteriores se votó a mediados de junio, con mayores tiempos en favor de los partidos políticos y sus candidatos.
Luego, con un criterio absolutamente amplio, habilitó el reconocimiento de los 10 años de residencia del diputado nacional Federico Frigerio como candidato a vicegobernador de una de las fórmulas para el Ejecutivo Provincial. Para esto contó con la validación del Fiscal Mayor Eduardo Urquiza, que a su vez también integra con Zanini las Juntas Electorales que regulan las elecciones de este 2023.
Simultáneamente, con un criterio aún más amplío del derecho, aplicó el teorema del ¨todo lo que no se encuentra expresamente prohibido, está permitido¨. Sin mucho más trámite y con suma celeridad convalidó la tercera candidatura del intendente Walter Vuoto. ¿Qué primó? Que, sí la gente lo vota, debe imponerse la voluntad popular por sobre cualquier restricción normativa. Algo así como, démosle al pueblo lo que el pueblo quiere. O, en otras palabras, el gobernante debe seguir gobernando toda vez que el pueblo la aclame con su voto.
La voluntad popular no es moco de pavo
Votar en elecciones transparentes es un derecho fundamental y forma parte de la cultura democrática. Por lo que, participar de la vida política es el principal derecho político a defender. Esto es tan así que, incluso, tenemos derecho a elegir antes de ser elegidos.
Por ejemplo, en nuestras leyes y constituciones hay condiciones de edad y residencia para ser electos, pero no así para elegir. Y esto se ha ido desburocratizando y ampliando, a tal punto que se promueve el voto no obligatorio de jóvenes desde los 16 años hasta los 18, como para los adultos muy mayores.
El principio es simple: reconocer la voluntad popular. Para esto debe promoverse el derecho del electorado de manera simplificada, transparente y sin exclusiones excesivas al momento de aplicar las reglas electorales.
Por esto mismo, los criterios para la anulación del voto no pueden ser excesivamente restrictivos o desproporcionados, de forma tal que se promueva el derecho primordial del electorado a participar en elecciones periódicas.
Ahora bien: aplicar interpretaciones excesivas y forzadas para anular el voto pone en riesgo al derecho de elegir de los votantes.
En el caso de la anulación de los casi 3.000 votos recurridos se usaron razones imprecisas, arbitrarias y contradictorias por parte de la Junta Electoral. Por ejemplo, se anularon las boletas que la propia Junta distribuyó en los puntos de votación y que recién se objetaron después de haberse atravesado 10 horas de comicios.
En las últimas elecciones ya se venían presentando problemas con la disponibilidad de cantidad de papel en la provincia para imprimir la cantidad de boletas que exige el Juzgado Electoral.
Además, los plazos que autorizó la secretaria Zanini, a cargo del Juzgado Electoral hasta que gane el concurso al que se va a presentar, atentaron contra cualquier previsión razonable para comprar suficiente papel de la misma tonalidad.
Las boletas que anularon contenían la fecha correcta, el estamento al que se votaba, la identificación partidaria, nombre del partido político y número de lista. No fueron amarillas patito, sino un color híbrido entre limonado y verde. No tan cerca del color amarillo puro, pero lejano de una tonalidad verde inglés.
Para anular tamaña cantidad de votos honestamente elegidos por los electores se usaron exigencias formales excesivas.
Y esta exageración terminó por beneficiar a la lista en la ciudad de Río Grande que encabezan Matías Löfller y Guadalupe Zamora, que iban camino a perder una banca toda vez que la Junta Electoral reconociera suficientes votos recurridos en favor de los republicanos.
En Ushuaia el mismo criterio de formalismo exagerado privó a los republicanos de acceder una banca y ratificó la segunda que había obtenido FORJA en las pasadas elecciones del domingo 14 de mayo.
Mala junta
En tiempos donde el voto en blanco es la segunda fuerza electoral fueguina por el desencanto del electorado, la voluntad popular de emitir un voto válido debe cuidarse como un valor preciado.
En consecuencia, aplicar criterios de anulación colosales en caso de interpretaciones como el tipo de tonalidad del papel afecta el derecho del electorado de elegir libremente a sus representantes.
La legalidad del proceso no pasa por cumplir las expectativas de quienes tienen mayor capacidad de influencia, sino de construir un equilibrio basado en la proporción y razonabilidad del proceso electoral.
La Justicia tiene la obligación de trabajar solamente en favor del electorado, para garantizar que la sociedad ejerza su derecho a votar en un marco de entendimiento y sin interpretaciones abusivas.
Amarillo más amarillo, amarillo más claro o más oscuro no es la justificación para tirar por la ventana la voluntad de 3.000 electores fueguinos que se presentaron a los puntos de votación para ejercer uno de los principales derechos políticos: elegir a sus representantes.
La Junta Electoral y el Juzgado Electoral miraron para otro lado, con interpretaciones blandas, cuando tenía que resolver planteos que los incomodaban o que le resultaba de su conveniencia.
Anular la voluntad de 3.000 votantes está lejos de ser una decisión razonable, proporcional y transparente. Más bien parece una maniobra difícil de explicar públicamente.
Lo que resulta por demás claro es que no es posible llevar adelante una democracia democrática en un contexto donde se hace todo lo posible por vulnerar la voluntad popular cuando resulta inconveniente.
Y este fue un claro y calamitoso caso.
* fotos del Poder Judicial del Tierra del Fuego
