La documentación de la AGP revela incorporaciones de personal nacional, remuneraciones reservadas y contrataciones millonarias para tareas anteriormente realizadas por trabajadores provinciales. Polizzi y Avellaneda figuran entre los nuevos responsables de la terminal intervenida.
La administración federal del Puerto de Ushuaia conformó una nueva estructura de personal y autorizó contrataciones directas por cifras millonarias para cubrir funciones que, antes de la intervención, estaban a cargo de trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. Los registros oficiales permiten identificar al menos 28 incorporaciones, además de servicios tercerizados por más de 100 mil dólares, en un escenario donde buena parte de los empleados provinciales permanece desplazada de sus tareas habituales.
Los datos fueron obtenidos por El Diario del Fin del Mundo mediante una solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Administración General de Puertos (AGP), cuya respuesta permite reconstruir parcialmente el esquema de gastos implementado por la administración nacional.
Según informó la Dirección de Recursos Humanos de ese organismo, durante los primeros meses de 2026 se incorporaron 20 personas a la estructura nacional y otras ocho mediante contratos de prestación de servicios. En todos los casos, los registros las vinculan con el Puerto de Ushuaia y describen sus funciones de manera general como operativas, sin especificar las responsabilidades asignadas a cada una.
Dentro de ese grupo aparecen Fernando Ariel Polizzi y Juan Andrés Avellaneda, quienes asumieron funciones de conducción en la terminal intervenida. De acuerdo con la información reconstruida por este medio, ambos percibirían remuneraciones cercanas a los 10 millones de pesos mensuales.
No obstante, la documentación remitida por la AGP presenta una limitación significativa para establecer el costo real de las incorporaciones: las columnas correspondientes a los importes salariales fueron ocultadas. Aunque el organismo confirmó los vínculos contractuales, no proporcionó los montos individuales ni el presupuesto mensual necesario para sostener la nueva dotación.
La falta de esa información impide conocer con precisión cuánto representa para la administración portuaria el funcionamiento de una estructura incorporada mientras continúa existiendo la planta de personal provincial.
Polizzi y Avellaneda, las incorporaciones
Fernando Polizzi llegó a la conducción del puerto de Ushuaia después de desempeñarse como director ejecutivo del PAMI en Tierra del Fuego, cargo que ocupaba desde febrero de 2024.
Su situación laboral presenta una particularidad: pertenece a la planta permanente del organismo nacional de atención a jubilados y pensionados y, para asumir sus nuevas responsabilidades, tramitó una licencia extraordinaria sin goce de haberes. De ese modo, mantuvo su relación de empleo con el PAMI mientras pasaba a cumplir funciones en la administración portuaria.
La designación también genera interrogantes por su trayectoria profesional, vinculada a un organismo de prestaciones sociales y sin antecedentes específicos conocidos en la gestión de terminales marítimas.
A ello se agrega que el PAMI se encuentra alcanzado por una investigación relacionada con un presunto fraude superior a los 1.500 millones de pesos, circunstancia que forma parte del contexto institucional del organismo del cual proviene el funcionario, aunque no acredita por sí misma responsabilidad alguna de Polizzi.
En el caso de Juan Andrés Avellaneda, la documentación establece como fecha de contratación el 21 de enero de 2026, coincidente con el comienzo de la intervención nacional.
Avellaneda había tenido participación previa en el conflicto portuario como denunciante ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), a la que comunicó supuestas deficiencias graves de infraestructura y presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
Aquellas acusaciones tuvieron posteriormente difusión pública a través de declaraciones de senadores, diputados y legisladores de La Libertad Avanza. Sin embargo, según la información disponible, no se tradujeron en denuncias judiciales concretas que permitieran verificar los hechos señalados.
Tanto Avellaneda como Polizzi forman parte de la nueva conducción designada por la administración federal, cuyos costos individuales no fueron detallados en la respuesta oficial.
La incorporación de estos funcionarios ocurre mientras numerosos agentes de la Dirección Provincial de Puertos siguen sin poder desempeñar las funciones que realizaban antes de la intervención. Se trata de trabajadores con experiencia en operaciones, administración, seguridad y mantenimiento de las instalaciones.
En los hechos, esta situación supone la convivencia de dos estructuras de personal relacionadas con una misma actividad: una planta provincial que mantiene su vínculo laboral y un conjunto de funcionarios y contratados nacionales incorporados para asumir responsabilidades dentro del puerto.
El esquema contrasta con el discurso de reducción del gasto público promovido por el Gobierno nacional mediante su política de ajuste, identificada públicamente con la denominada motosierra.
La cuestión que permanece sin explicación es cuáles fueron las necesidades operativas que hicieron indispensable sumar personal y comprometer nuevas erogaciones para desempeñar tareas que ya estaban cubiertas por la organización provincial.
Servicios tercerizados y desembolsos millonarios
La revisión de los documentos oficiales también permitió identificar gastos por contrataciones directas destinadas a prestaciones habituales de la terminal marítima, algunas de ellas por importes que superan individualmente los 100 mil dólares.
Uno de los casos corresponde a Depósitos Fiscales Australes S.A., empresa contratada por 125.400 dólares para desarrollar operaciones de carga y descarga de contenedores.
Posteriormente, esa contratación recibió una ampliación por 43.800 dólares adicionales, lo que elevó el compromiso económico total a 169.200 dólares.
Las tareas comprendidas en esos acuerdos forman parte de la actividad portuaria ordinaria. Por ese motivo, resulta necesario establecer qué prestaciones concretas fueron contratadas, si representaron servicios adicionales y cuáles fueron las razones para recurrir a un proveedor externo cuando la terminal ya disponía de recursos humanos y operativos.
Otro desembolso significativo corresponde al servicio de vigilancia privada. La AGP informó una contratación por 500.784.740 pesos, pese a que las tareas de seguridad también eran desarrolladas por personal dependiente de la Dirección Provincial de Puertos.
La contratación de vigilancia constituye así otro aspecto que requiere precisiones respecto de la necesidad de incorporar prestaciones externas, sus alcances y la eventual superposición con servicios existentes antes de la intervención.
De acuerdo con los registros examinados, la administración federal no se limitó a designar nuevos responsables y empleados, sino que también recurrió a empresas privadas para atender distintas funciones relacionadas con el funcionamiento cotidiano de las instalaciones.
En la documentación aparece, además, Ángel Masciotra S.A., incluida en el registro de operadores habilitados para desarrollar actividades de transporte y movimiento de cargas, así como para proporcionar equipamiento mecánico.
Sin embargo, su presencia en ese registro no significa necesariamente que haya recibido contratos durante el período analizado. Las planillas de compras examinadas no permiten confirmar adjudicaciones específicas a esa empresa.
La información obtenida ofrece, por lo tanto, un primer panorama de los compromisos económicos asumidos por la intervención, aunque todavía existen datos fundamentales que no fueron puestos a disposición pública.
Entre ellos se encuentran las remuneraciones completas de los nuevos funcionarios, el costo total de la estructura nacional, los fundamentos de cada contratación directa y las razones operativas que justificaron tercerizar prestaciones previamente cubiertas por el personal provincial.
El balance preliminar muestra 28 incorporaciones reconocidas oficialmente y desembolsos importantes destinados a servicios habituales del Puerto de Ushuaia, en paralelo con la continuidad de una estructura provincial cuyos trabajadores permanecen, en gran medida, apartados de sus puestos.
La principal incógnita gira alrededor de la eficiencia de esas decisiones administrativas: qué necesidades nuevas surgieron con la intervención y por qué se optó por contratar personal y empresas para realizar actividades que ya contaban con recursos asignados.
Hasta que se conozca la totalidad de los gastos y sus fundamentos, la documentación disponible deja planteada una posible duplicación de costos entre empleados provinciales, contratados nacionales y prestadores privados, cuya justificación corresponde explicar a los organismos responsables de la administración federal del puerto.
